Agentes de la Guardia Civil destinados en la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II, en coordinación con funcionarios de la Instituciones Penitenciarias de España, han interceptado a un total de quince internos que trataban de introducir droga en el centro penitenciario mediante el método conocido como “body packing”.
Este peligroso procedimiento consiste en ocultar sustancias estupefacientes en cavidades corporales, generalmente tras regresar de un permiso penitenciario o después de una visita “vis a vis”. Las autoridades penitenciarias intensifican los controles en estos momentos para evitar la entrada de drogas en el interior de la prisión.
Cuando existen indicios de que un interno podría portar sustancias ocultas, se activa un protocolo de actuación que incluye la intervención de perros detectores de drogas y cacheos corporales. En caso de persistir las sospechas y no existir cooperación por parte del recluso, los agentes pueden trasladarlo a un centro médico para realizar pruebas radiológicas con el objetivo de localizar posibles cuerpos extraños en su organismo.
El método “body packing” supone un grave riesgo para la salud, ya que la rotura de uno de los envoltorios en el interior del cuerpo podría provocar una intoxicación severa e incluso la muerte, dependiendo del tipo y cantidad de droga transportada.
Desde comienzos del pasado año y hasta la actualidad, se han llevado a cabo quince intervenciones con resultado positivo, localizando diferentes sustancias como heroína, crack, cocaína, hachís y pastillas anabolizantes ocultas en el interior del cuerpo de los internos.
Entre las actuaciones más destacadas figura la intervención de 100 gramos de crack distribuidos en varios envoltorios que un interno llevaba ocultos en su organismo. En otro caso reciente, detectado el pasado mes de febrero, se incautaron más de 90 gramos de hachís junto a 97 pastillas de anabolizantes.
Las diligencias instruidas, junto con las sustancias intervenidas, han sido remitidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
Según establece el Artículo 368 del Código Penal de España, quienes promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas pueden enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis años cuando las sustancias causan grave daño a la salud. Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España contempla agravantes si se acredita que la droga estaba destinada a su distribución entre varios internos o a la venta dentro del propio centro penitenciario.
