La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Carmen Hernández, quiere sumarse a la denuncia expuesta hace unos días por la Plataforma por el 5%, que se hacía eco de la “grave ralentización en la mejora de las plantillas docentes por parte del actual Gobierno canario” y aseguraba que “esta debe ser corregida si Canarias quiere superar su déficit educativo”.
El anterior gobierno, formado por NC-bc, PSOE y Juntas Podemos, dio un claro impulso a la educación con acciones tan relevantes como un aumento sostenido de los fondos con una inversión en cuatro años de más de 570 millones de euros. Este esfuerzo inversor, en un momento crítico como fue el periodo de la pandemia y pospandémico, demuestra la prioridad que la educación pública tenía para el Pacto de Progreso, suponiendo un avance claro en la bajada de las ratios de alumnos por aulas con la consiguiente posibilidad de hacer una enseñanza más individualizada y, por tanto, de mayor calidad. Durante los 4 cursos de la legislatura pasada (2019-2023) se aumentó en 3.867 docentes, a un ritmo de 967 por curso, mientras que en el próximo curso 2023-2024 caerá a los 387, según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación.
Para NC-bc, este freno en la bajada de las ratios se debe al retroceso en los presupuestos educativos para este año 2024, que ha pasado del 4,6 % del PIB en 2023 al 4,20 en 2024, incumpliendo así la Ley Canaria de educación que lo fija en un 5%.
Según Carmen Hernández, y tal y como denuncian los profesionales del sector y la Plataforma del 5%, “la orientación conservadora del actual gobierno canario evidencia que las políticas educativas no son una prioridad”. Prosigue diciendo que “el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación supone un grave retroceso para la mejora de la calidad educativa, ya que no solo impide seguir con la senda iniciada de disminución de las ratios en las aulas, sino que es una freno para la modernización de la Formación Profesional, la extensión y universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, o el tan necesario Plan Integral de remodelación y ampliación de los centros de educación infantil y primarias con criterios de sostenibilidad para poder convertirlos en refugios climáticos y combatir así las olas de calor como la sufrida hace prácticamente un año”.
Este aumento en la inversión en la educación pública, para los canaristas, “debe permitir abordar la atención a la diversidad y la compensación educativa, para que nuestra escuela sea verdaderamente inclusiva atendiendo las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, con más recursos y profesionales especializados”.
“Si queremos avanzar en todos estos objetivos y mejorar nuestros indicadores educativos es necesario hacer un mayor esfuerzo inversor, y este gobierno no lo hace. Es más, sostenemos que no considera la educación pública una prioridad, ya que el presupuesto canario para 2023 ha aumentado, de manera general, en 1.100 millones de euros (más de un 11%) pero, sin embargo, en educación quedó por debajo de la media con 88,6 millones (4,4%)”, sostiene Carmen Hernández, que considera que “la calidad educativa se basa en la equidad y en la excelencia, y ambas cuestiones requieren de recursos suficientes tal y como hacen las comunidades y países más avanzados en materia educativa”.
