La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Esther González alertó hoy que el decreto ley de suspensión temporal de las multas a los propietarios de residencias en zonas turísticas abre la vía a expulsar a 100.000 familias, principalmente ubicadas en los sures de las islas. La portavoz parlamentaria canarista en la materia denunció que la norma del Gobierno de CC y el PP coloca a los afectados con viviendas “legales” en una situación de desprotección absoluta al obligarles a declararse “ilegales” para suspender las sanciones económicas.
El grupo canarista votará, en el pleno del próximo miércoles, en contra de la convalidación del decreto ley de medidas urgentes relativas al deber de atender al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y su reglamento, aprobado por el decreto 85/2015, más comúnmente denominado decreto de ley de residencialización.
Esther González adelantó el “fuerte” rechazo de Nueva Canarias-BC hacia una norma, en vigor desde que el Consejo de Gobierno aprobara el mismo a mediados del pasado mes de marzo, por sus consecuencias “negativas e injusticias” derivadas de su aplicación.
La portavoz de NC-BC estimó que, en el Archipiélago, hay unas 100.000 familias en las zonas turísticas del sur, principalmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que tienen su residencia (sea primera o segunda vivienda) y que están ubicadas en suelos mixtos, es decir, que está calificados para uso residencial y/o turístico, al mismo tiempo.
Son pisos, apartamentos y bungalós, adquiridos en su mayoría con anterioridad al inicio del boom turístico y que tienen escriturada la propiedad como vivienda, según explicó la portavoz de NC-BC. Para González, se trata de residencias “legales”, a cuyos propietarios el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo les obliga a declararse “ilegales” para frenar las multas.
Una paralización de la sanción durante tres años, el tiempo otorgado a los afectados, añadió González, para promover en el Ayuntamiento correspondiente el cambio de uso. Además, para hacer residenciales decenas de bungalós, si uno solo de los dueños se niega ya no es posible seguir con el proceso y se activa el expediente de la sanción, tal y como indicó.
Las familias con residencias en suelos mixtos, aunque sean propietarios legales, reiteró, se ven obligadas a declararse «culpables, ilegales» para paralizar la multa, por lo que el decreto ley les coloca en una situación de “desprotección absoluta” al privarles de sus derechos (como posibles indemnizaciones).
La portavoz de NC-BC avanzó que la mayoría de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno (CC, el PP, la ASG y la AHI) convalidarán el decreto ley de residencialización, pero se negarán a su posterior tramitación como proyecto de ley. La razón, tal y como añadió, que el proyecto de ley de la vivienda vacacional, en tramitación en el Parlamento, incluye una disposición transitoria, la sexta, con un contenido prácticamente idéntico al del decreto ley.
Recordó que el gabinete de Clavijo justificó la legislación del alquiler vacacional por la tensión habitacional generada por esta actividad económica. En realidad, para González, el proyecto de ley no aborda el problema en las zonas residenciales, donde realmente existe esa tensión.
En cambio, prohíbe la vivienda vacacional y la residencial en las zonas turísticas, lo que favorece a las grandes empresas del turismo en detrimento del pequeño propietario y del dueño de una vivienda residencial y abre la vía a expulsar a las 100.000 familias antes mencionadas.
Según la parlamentaria canarista, la posibilidad de la reubicación forzada de miles de canarias y canarios que hoy están en las zonas turísticas generará una mayor presión en las áreas urbanas. “Lo único que ha hecho el Gobierno de CC y el PP es dar una patada para adelante al grave problema existente, no se soluciona nada”, denunció Esther González.
