La abogada Sonia Almansa y el abogado José Luis Langa participarán por videoconferencia, que se podrá seguir en directo en el Recinto Ferial de El Paso, situado junto a la plaza Francisca Gazmira y al Cuartelillo de la Guardia Civil. Será a partir de las 18:30 horas de este jueves 10 de noviembre. Los asistentes podrán formular preguntas a ambos juristas.
En días siguientes Elvalledearidane.com ofrecerá una noticia con un resumen de lo más destacado del acto y un vídeo, y tratará de incorporar las opiniones de otros abogados que también fueron invitados, porque han presentado reclamaciones patrimoniales en nombre de afectados por esta catástrofe, pero no han podido participar en esta sesión informativa, y a quienes trasladará también preguntas y dudas de afectados.
Hay que recordar que existe un plazo de un año para reclamar desde que produce el daño, y, aunque hay diferentes interpretaciones jurídicas sobre cuál es ese periodo, sí que está claro que después de que se cumpla ese periodo desde el final de la erupción -salvo que se produzca un acto judicial o administrativo que lo prolongue- ya no hay opciones, porque es la fecha en que se dio oficialmente por terminada la erupción volcánica.
La reclamación por daños perjuicios parte del hecho de que las personas que perdieron sus propiedades no fueron informadas del grave riesgo que corrían, contraviniendo, según este punto de vista, la legislación vigente que obliga a que esta información sea facilitada de manera eficaz y clara a los afectados, lo que, en última instancia, agravó las pérdidas por no poder retirar enseres ni contratar seguros o mejorar los que tenían suscritos.
La reclamación patrimonial la pueden presentar quienes no hayan recuperado en indemnizaciones y ayudas el valor de lo que perdieron por esta catástrofe, y para presentarla es preciso aportar la tasación de las propiedades afectadas, documentación que acredite la propiedad de lo perdido (actas de notoriedad, al menos la solicitud para su obtención, y luego se aportaría posteriormente), y DNI.
El escrito se debe presentar en registros oficiales y dirigida a la Administración General del Estado, a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al Cabildo de la Palma.
