La Red Feminista de Fuerteventura ha emitido un contundente comunicado tras la muerte de Abdoulie Bah, un joven de 19 años que falleció el pasado 17 de mayo tras recibir cinco disparos por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria. La organización denuncia un caso de violencia institucional y racismo estructural, y exige una investigación transparente de los hechos.
Abdoulie Bah llegó solo a Canarias en patera cuando tenía tan solo 13 años. A pesar de las dificultades del sistema migratorio, se convirtió en mediador cultural y ayudó a otros jóvenes migrantes. Según su entorno cercano, incluida su trabajadora social, el joven atravesaba una situación grave de salud mental y necesitaba acompañamiento, no criminalización.
El colectivo feminista ha expresado su apoyo a la familia del joven y ha advertido sobre la deshumanización con la que, a su juicio, ha sido tratado tanto por parte de algunas instituciones como por ciertos medios de comunicación. También han mostrado su respaldo a la trabajadora social Susana Socas, quien defendió públicamente que la reacción del joven estuvo vinculada a problemas psicológicos y no a una conducta delictiva.
En el comunicado, la Red Feminista ha condenado el “silencio institucional” de autoridades como la Delegación del Gobierno o el Ejecutivo canario, a quienes acusan de ignorar la gravedad de los hechos y de no ofrecer ni siquiera un mensaje de consuelo a la familia de Bah. “Probablemente, si una bala perdida hubiera alcanzado a una persona blanca o a un turista, ya habrían salido a hablar ante los medios”, denuncian.
Asimismo, la organización ha salido en defensa de la Asociación de Mujeres Africanas y Afrodescendientes en Canarias, blanco de ataques racistas tras pronunciarse sobre el caso. «Nos duele e indigna que, además del sufrimiento, deban soportar la violencia de personas que actúan desde el desprecio más absoluto hacia la vida y la dignidad humana», señalan.
La Red Feminista exige:
Una investigación rigurosa y transparente para esclarecer los hechos.
Revisión de los protocolos policiales en situaciones de crisis psicológica.
Refuerzo del sistema público de salud mental, especialmente para personas vulnerables.
Fin de la criminalización de personas racializadas y migrantes.
Responsabilidad ética en el tratamiento informativo de los medios de comunicación.
Que las autoridades públicas se pronuncien y actúen con humanidad y compromiso.
“Que la memoria de Abdoulie no se apague ni su historia se distorsione”, concluye el manifiesto, que ha sido ampliamente compartido en redes sociales y apoyado por diversos colectivos sociales del archipiélago.
