El portavoz de Drago Canarias en Lanzarote, Rafa Jiménez, se ha pronunciado sobre el intento del actual presidente del Cabildo Insular por Coalición Canaria, Oswaldo Betancort, de frenar la investigación sobre su compañero de partido, expresidente de la corporación y actual senador, Pedro San Ginés, tan solo cuatro días después de acceder al cargo.
Sobre esta cuestión, Jiménez sostiene que con este comportamiento, “Betancort demuestra que Coalición Canaria sigue siendo la lacra de la política en Canarias” y añade que “esto evidencia la corrupción sistémica y el nivel de caciquismo que existe dentro del partido y en las instituciones, así como un sentimiento generalizado de invulnerabilidad”.
Por otro lado, el portavoz insular de Drago Canarias hace hincapié en la etapa tan complicada que le está tocando vivir a Lanzarote, “con una presión turística desmesurada y una crisis hídrica sin precedentes” y lamenta que “los políticos de turno se hayan dedicado a robar el dinero, precisamente, de las empresas públicas de agua; y posteriormente a cubrirse entre ellos”.
“Estamos hablando de hechos muy graves —prosigue Jiménez—, ya que Betancort ordenó paralizar las acciones contra San Ginés tan solo cuatro días después de acceder al cargo, en junio de 2023” y especifica que “cuando esto se produjo, Betancort no había sido nombrado aún presidente de Inalsa y del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, aunque en cualquier caso, las competencias relacionadas con la interposición de acciones judiciales pertenecen a los órganos de gobierno de ambas instituciones, y no exclusivamente a su presidente”.
En este sentido, Jiménez recuerda que “a día de hoy, San Ginés está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal”.
Esta trama surge durante los mandatos de San Ginés al frente del Cabildo de Lanzarote entre 2009 y 2019, cuando un letrado amigo suyo se apropió de dos millones de euros pertenecientes a la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote y del Consorcio del Agua de Lanzarote. Todo ello con el conocimiento y consentimiento de San Ginés, quien también presidía ambas entidades.
