El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, advierte al Ejecutivo regional de los riesgos que puede generará la implantación de la Ley Crea y Crece entre el tejido empresarial canario, dadas las particularidades económicas de las Islas. Por eso, ha solicitado que se atienda a sus singularidades a la hora de implantar la factura electrónica en las transacciones realizadas entre autónomos y empresas con otros empresarios y profesionales.
En la aplicación de esta Ley, Fernández de la Puente propone que se faciliten a las empresas y autónomos los mecanismos necesarios para su cumplimiento, de forma que no se generen costes adicionales a la hora de realizar las transacciones, evitando la utilización de plataformas privadas de mensajería electrónica con el consiguiente sobrecoste que puede generar, y aboga por un sistema que evite intermediarios, realizándose las relaciones de forma directa.
El diputado considera que el Gobierno de Canarias debe fomentar que el intercambio de facturas electrónicas se realice desde una plataforma pública en todos los niveles de las relaciones comerciales dentro del tejido empresarial, ya sea un organismo público, privado o un particular.
De esta forma se evitaría que sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas de mensajería electrónica privada, con los efectos negativos que esto puede suponer para PYMES y autónomos, especialmente en cuanto a los costes que se generarían.
Por otra parte, señala que el uso de aplicaciones privadas, en la que los datos de las empresas pasen por manos de terceros, supone también un compromiso en materia de confidencialidad de las relaciones, por lo que propone incluir medidas específicas contra la posibilidad de ataques a la información y ante el uso de la información por parte de terceros que afecte a datos privados.
Fernández de la Puente afirma que la implementación de la Ley Crea y Crece “supondrá que empresas y autónomos vean simplificada sus relaciones, pero se tiene que evitar generar costes añadidos e innecesarios”, ya que, asegura, “esta Ley lo que trata es de agilizar los trámites y así evitar obstáculos”.
