El portavoz y diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, rechaza el retraso que se está produciendo en las corporaciones canarias en el pago a proveedores, lo que viene a empeorar aún más la situación económica de los empresarios de las Islas, quienes han visto gravemente perjudicada su situación económica a raíz de la pandemia por COVID-19.
Fernández de la Puente no entiende cómo las entidades canarias a nivel local e insular no son capaces de cumplir con los plazos establecidos por la ley vigente en materia de pago a proveedores, que establece un máximo de 30 días para saldar las deudas establecidas con los prestadores de servicios, productos o suministros. Una situación que también se repite en el Gobierno de Canarias, cuyo periodo medio de pago a proveedores se situó el pasado mes de noviembre en 41 días y que en el caso del Servicio Canario de la Salud incluso supera los 48 días.
Añade que, según los últimos datos disponibles, hasta un 42% de los cabildos y ayuntamientos canarios se retrasa más de 30 días en el pago por los servicios contratados. Una situación que “no se puede permitir, teniendo en cuenta la situación de extrema necesidad que están viviendo muchas de nuestras pymes y emprendedores en las Islas”, señala.
El diputado liberal considera que 30 días es un plazo “más que suficiente” para hacer frente a las facturas que las instituciones generan con sus proveedores, por lo que rechaza drásticamente los plazos actuales, en los que organismos como el Cabildo de Fuerteventura tarda una media de 135 días en pagar.
Añade que la medida anunciada hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la puesta en marcha un mecanismo extraordinario para que las entidades locales puedan pagar de forma más ágil a sus proveedores y cancelar las deudas más antiguas, resulta insuficiente.
En este sentido, recuerda que el retraso en el pago a proveedores “es un problema que se repite desde hace años en las corporaciones canarias, por lo que es preciso reforzar otros mecanismos de cumplimiento de la norma que eviten a las instituciones saltarse los plazos a su antojo”.
