La familia denuncia dos operativos frustrados y reclama explicaciones sobre el despliegue de medios públicos mientras la Abogacía del Estado plantea nuevas actuaciones sobre la vivienda
Pascuala Roger Pérez, de 80 años, continúa inmersa en una batalla administrativa y judicial para evitar el desalojo y la demolición de su vivienda en Cueva de la Negra, en Fuerteventura.
Su familia ha difundido una carta abierta en la que cuestiona la actuación de la Administración del Estado y reclama explicaciones por los operativos desarrollados en la zona los días 26 de agosto y 21 de septiembre.
Según expone la familia, en ambos dispositivos participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, funcionarios del Estado, TRAGSA/TRAGSATEC y recursos sanitarios. Los dos operativos, aseguran, terminaron sin que pudiera ejecutarse el desalojo.
La familia considera que se produjo un despliegue de medios públicos que debe ser explicado y reclama conocer quién ordenó las actuaciones, quién autorizó los recursos movilizados y cuál fue el coste para las arcas públicas.
La familia pide investigar los dos operativos
El entorno de Pascuala sostiene que el primer operativo se produjo mientras estaban vigentes medidas cautelares de protección patrimonial del Cabildo de Fuerteventura.
Respecto al segundo, la familia asegura que tampoco pudieron ejecutarse las actuaciones previstas y cuestiona si se respetaron todas las condiciones establecidas judicialmente.
Por ello, han reclamado formalmente a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades que pudieran corresponder.
La familia considera que, antes de poner en marcha nuevas actuaciones, deberían aclararse las circunstancias de los dos operativos anteriores.
La Abogacía del Estado plantea nuevas actuaciones
El conflicto, sin embargo, continúa abierto. Según la carta difundida por la familia, la Abogacía del Estado pretende obtener autorización para tapiar la vivienda como paso previo a una futura demolición.
Esta posibilidad ha generado nuevas críticas por parte del entorno de Pascuala, que cuestiona la necesidad de tapiar el inmueble si posteriormente se pretende proceder a su demolición.
La familia reclama que se explique también el motivo de esta nueva actuación y si supondría un nuevo despliegue de recursos públicos.
“Primero tapiar. Y poco después, demoler”, denuncia la carta.
Una vivienda vinculada a más de un siglo de historia familiar
Para la familia de Pascuala, el conflicto no se limita a una vivienda. Defienden que el inmueble forma parte de una historia familiar vinculada durante generaciones al litoral de Fuerteventura.
Según su relato, Pascuala vivió allí junto a su bisabuelo, Lorenzo Pérez Díaz, a quien atribuyen la construcción de la casa con sus propias manos.
Además, sostienen que el entorno cuenta con valores históricos, etnográficos y paisajísticos y que existe un yacimiento arqueológico aborigen, por lo que reclaman que el conjunto sea estudiado y protegido antes de adoptar cualquier decisión irreversible.
La familia también señala la existencia de resoluciones de 1980, anteriores a la aprobación de la Ley de Costas de 1988, que, según su interpretación, reflejan la existencia de la vivienda y la posesión familiar.
Reclaman que se estudie el enclave antes de derribarlo
Otro de los argumentos planteados por la familia está relacionado con diferentes iniciativas institucionales sobre la protección de los conjuntos costeros tradicionales.
En su carta recuerdan que el Parlamento de Canarias ha respaldado iniciativas destinadas a preservar estos enclaves y que el Senado ha reclamado una moratoria sobre determinadas actuaciones mientras se tramita una modificación de la Ley de Costas.
La familia considera que el caso de Cueva de la Negra debería analizarse teniendo en cuenta estos planteamientos y reclama que se estudie el valor histórico y patrimonial del enclave antes de cualquier demolición.
“Pedimos que se miren los documentos”, señala la carta, en la que también se solicita una investigación sobre los operativos realizados y el dinero público empleado.
Pascuala y su familia reclaman, en definitiva, una explicación sobre las actuaciones desarrolladas hasta ahora y piden que cualquier nueva intervención tenga en cuenta las resoluciones judiciales y las medidas de protección patrimonial existentes.
Mientras tanto, la mujer de 80 años continúa defendiendo su permanencia en una vivienda que su familia considera parte de su historia y del patrimonio del litoral de Fuerteventura.
