Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos tenido siempre claro que la revisión y actualización del Plan Insular de Ordenación (PIO) no era solo una tarea pendiente, sino una prioridad estratégica para el presente y el futuro de nuestra isla. Desde que asumimos la responsabilidad de gobierno en 2015, impulsamos este documento con la convicción de que estábamos trabajando por el desarrollo social, económico y medioambiental de Gran Canaria, y siempre guiados por un principio fundamental: la defensa del interés general.
El PIO aprobado en 2022 es el resultado de ese compromiso. Se trata de un documento plenamente ajustado a la legalidad vigente, que cumple con la Ley del Suelo de 2017 y se adapta a la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, así como al conjunto de normativas que han ido surgiendo en materia territorial, ambiental y urbanística, tanto en el ámbito autonómico como estatal. Lejos de ser un instrumento desfasado, el plan sitúa a Gran Canaria en la vanguardia de la planificación territorial. Ningún Cabildo de Canarias ha dado este paso.
Con este PIO se ha apostado por un modelo de isla que mira al futuro. Se han incorporado medidas innovadoras en materia energética, avanzando en la descarbonización, en la penetración de energías renovables y en el desarrollo de sistemas de almacenamiento. También se ha trabajado en la mejora de la conectividad, en la limitación de la carga turística y en la construcción de un modelo turístico más diversificado y sostenible. Al mismo tiempo, se refuerzan sectores clave como el primario, se impulsan políticas de vivienda, se ordena el suelo industrial y se planifican las infraestructuras estructurantes.
Todo ello sin renunciar a uno de nuestros mayores compromisos: la protección del territorio. Con este plan garantizamos la preservación del 85,4% de la superficie de la isla y reforzamos el número y la protección de nuestros espacios naturales, entendiendo que el equilibrio entre desarrollo y conservación es esencial para nuestro futuro.
Nada de esto ha sido fruto de la improvisación. Durante más de diez años se ha desarrollado un trabajo riguroso, liderado por el funcionariado de esta casa, cuya profesionalidad y solvencia queremos reivindicar. Se ha seguido un procedimiento impecable, participativo y garantista, respaldado por casi un centenar de informes favorables emitidos tanto por los servicios técnicos del Cabildo como por otras administraciones. Se han dedicado miles de horas y elaborado un documento de enorme complejidad, con 35.000 folios, que fija un horizonte de desarrollo para Gran Canaria hasta el año 2050.
Por eso, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula el PIO nos obliga a alzar la voz con claridad. Nos obliga a explicarlo bien a la ciudadanía grancanaria y a insistir en trasladar la consideración del Gobierno de la isla sobre esta decisión judicial. Consideramos que se trata de una resolución injusta, errónea, superficial y desproporcionada, que atenta directamente contra el desarrollo económico y social de nuestra isla.
Es errónea porque parte de una premisa que no se sostiene: que la Ley de Directrices de Ordenación está derogada. No es así. La propia sentencia reconoce que siguen vigentes las directrices de ordenación del turismo y determinadas directrices generales sobre suelo rústico, además de otras normativas sectoriales. Nuestro plan no se basa en una ley inexistente, sino en un marco jurídico plenamente vigente.
También es errónea porque ignora que el principal sustento del PIO es la Ley del Suelo de 2017. Esta norma permite, a través de su disposición transitoria, continuar procedimientos ya iniciados, como ha sido nuestro caso. Durante los años de elaboración del plan se produjeron múltiples cambios legislativos y, si hubiésemos reiniciado el proceso en cada ocasión, nunca habríamos podido culminarlo. Actuamos conforme a la ley, utilizando las herramientas que esta nos ofrece y siguiendo las recomendaciones de los equipos técnicos.
Rechazamos igualmente la afirmación de que el PIO esté vacío de contenido. Nada más lejos de la realidad. Se han mantenido íntegramente las directrices de ordenación turística, que nos obligan a delimitar áreas de renovación, establecer criterios de especialización del suelo turístico y planificar su rehabilitación y equipamientos. Hemos definido un modelo turístico insular claro, determinando zonas de uso exclusivo y analizando la capacidad de carga del territorio.
Además, se han incorporado las directrices de ordenación del suelo rústico, fundamentales para proteger nuestras zonas agrícolas y preservar los suelos fértiles frente a procesos de urbanización. El PIO contiene, por tanto, determinaciones esenciales para el desarrollo de la isla, y resulta incomprensible que se afirme lo contrario.
Es injusta, porque perjudica al interés general y no beneficia ni a quiénes lo recurrieron. No se atiende a ninguna reclamación particular. Nadie gana y todos perdemos.
Nos preocupa especialmente el carácter superficial de la sentencia. No es razonable que un documento de ocho folios pueda invalidar un trabajo de más de una década, sustentado en miles de páginas y en numerosos informes técnicos. No se identifica con claridad qué disposición concreta incumple el plan y se basa en una interpretación que consideramos equivocada. Tenemos la sensación de que no se ha analizado el contenido normativo en profundidad, sino que se ha pasado por encima del texto, que se ha quedado en una lectura parcial.
Esta decisión daña gravemente el interés general de Gran Canaria y cuestiona nuestra capacidad como institución para planificar el territorio. Además, nos sitúa en una posición de indefensión, al limitar las posibilidades de recurso a un complejo procedimiento de casación.
Aun así, queremos ser claros: vamos a defender el PIO en todas las instancias necesarias. Recurriremos ante el Tribunal Supremo y ante el propio TSJC en casación, acudiremos al Tribunal Constitucional y estudiaremos la vía europea. No vamos a renunciar a un instrumento que consideramos clave para el futuro de nuestra isla.
En el ámbito político, también debo responder a las críticas que se han vertido. La decisión de continuar con la tramitación del plan en 2017 no fue arbitraria ni excepcional. En 2014, el propio Partido Popular hizo exactamente lo mismo tras la aprobación de la Ley de Armonización, optando por dar continuidad a los trabajos en curso. Nosotros actuamos con la misma responsabilidad institucional, siguiendo las recomendaciones técnicas y dentro del marco legal.
No hemos tomado ninguna decisión política contraria a los informes técnicos. Al contrario, nos hemos apoyado en ellos en todo momento, garantizando la seguridad jurídica del documento. Por eso, nuestra posición es firme: defendemos el trabajo del funcionariado de esta casa, que ha demostrado su profesionalidad y su compromiso con Gran Canaria, pero también la orientación política que respalda un modelo de desarrollo ecosocial para nuestra isla.
Hoy, más que nunca, nuestra decisión política es clara. Estamos del lado del interés general, del lado del progreso de Gran Canaria y del lado de un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible. Creemos firmemente que el PIO aprobado en 2022 ofrece, infinitamente, mejores garantías para el futuro que su anulación.
Contamos, además, con el respaldo de una amplia mayoría de la corporación, que valora el rigor de los informes técnicos y el trabajo realizado durante todos estos años. Frente a quienes cuestionan las instituciones y el trabajo público, reafirmamos nuestra confianza en los profesionales que han hecho posible este plan y en la defensa de la casación de una sentencia limitante de derechos y competencias.
El Cabildo de Gran Canaria no va a renunciar a su responsabilidad de planificar el futuro de la isla. El PIO sigue en vigor y vamos a defender su legalidad, su coherencia y su oportunidad histórica en todos los ámbitos necesarios. Porque tenemos el convencimiento de que este plan no solo es válido, sino imprescindible para construir una Gran Canaria más sostenible, más equilibrada y mejor preparada para los retos del futuro. Y seguirá siendo, además, un documento vivo sujeto a revisión y actualización permanente para adaptarse en cada momento a la realidad social, económica y ambiental de la isla.
