Podemos Canarias ha expresado hoy su rechazo frontal a la recién aprobada Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que entrará en vigor tras su publicación oficial. La formación advierte que esta norma profundizará la emergencia habitacional en Canarias, al permitir que el alquiler vacacional siga expulsando a miles de residentes del mercado de vivienda y al trasladar toda la carga administrativa a los ayuntamientos sin dotación suficiente.
La ley, impulsada por la coalición CC, PP, ASG y AHI, se presenta como una regulación equilibrada, pero en la práctica legitima un modelo turístico especulativo. Establece un máximo del 10 % de suelo residencial para viviendas vacacionales —un 20 % en las islas verdes—, cuando anteriormente el máximo era de un 5 %. Lo que de facto permite que se dupliquen las licencias, y blinda durante 5 años las viviendas ya activas aunque estén en zonas saturadas.
El fenómeno de la vivienda vacacional en Canarias ha alcanzado un punto crítico que evidencia un profundo descontrol, amenazando con colapsar el modelo alojativo y residencial de las islas. Los datos oficiales de 2025 revelan una capacidad total estimada de 319.568 plazas en viviendas vacacionales, una cifra que se acerca peligrosamente a la capacidad total del sector tradicional, con 368.363 plazas hoteleras.
Esta expansión desbocada incluye una alarmante bolsa de ilegalidad: el propio Ministerio de Vivienda ha identificado 8.698 viviendas que operan de forma fraudulenta, lo que equivale a más de 36.000 plazas al margen de la regulación. Aunque la cifra agregada del archipiélago oculte la magnitud del problema, el sorpaso ya es una realidad devastadora en tres islas: La Palma, La Gomera y El Hierro, donde la vivienda vacacional domina por completo el mercado, alcanzando un alarmante 74 % del total de plazas en El Hierro.
Este modelo descontrolado también ha invadido los núcleos urbanos, como demuestra el caso de Las Palmas de Gran Canaria, donde las 9.778 plazas de VV ya superan con creces a las 6.413 plazas hoteleras, tensionando el acceso a la vivienda y demostrando la saturación total del sistema.
Podemos Canarias recuerda que en Canarias hay más de 70.000 viviendas vacacionales censadas, y su crecimiento ha sido explosivo en los últimos años. Las estimaciones apuntan a que el número real podría duplicar esta cifra. Solo en la capital grancanaria hay más de 5.000 activas. Con este escenario, la ley aprobada no solo llega tarde, sino que legaliza el descontrol.
La formación progresista considera que “nuevamente la derecha de CC y PP han hecho dejación de funciones, al traspasar a los ayuntamientos las competencias que le corresponden”, puesto que la ley transfiere a los 88 municipios canarios la responsabilidad de inspeccionar, planificar y controlar esta actividad, pero sin que sea competencia de los municipios y sin garantizar recursos técnicos, personal ni financiación.
Municipios pequeños, como los de medianías o islas no capitalinas, quedarán paralizados, mientras que los grandes, como Adeje o San Bartolomé de Tirajana, se enfrentarán al conflicto vecinal sin herramientas reales para gestionarlo.
“La ley nace muerta por inaplicable y además, condena a Canarias a convivir con un modelo injusto e insostenible. Es una trampa jurídica que favorece a los fondos de inversión y convierte a los ayuntamientos en escudos del malestar social, cuando no es su competencia. Los ayuntamientos no contamos con personal para cumplir con el plan de comprobación exigido, ni con una inspección que corresponde al Gobierno de Canarias. Desde Podemos optamos por la prohibición del alquiler vacacional, puesto que las viviendas son para vivirlas, no son un objeto de mercado. Los propietarios que quieran alquilarla, están amparados por los alquileres de larga duración y el de temporada. No vamos a permitir que se juegue con el derecho a la vivienda”, ha afirmado Gemma Martínez, concejala en el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Además, recuerda que “la Ley aprobada hoy, reconoce una serie de condicionantes para las zonas declaradas tensionadas, y eso es una falacia! Porque es el propio gobierno de Canarias quien se ha declarado en rebeldía y se niega a aplicar la Ley de Vivienda como le han pedido ciudades como la nuestra. La derecha hace como que hace pero sin una voluntad real de arreglar el grave problema de vivienda en Canarias”.
La formación progresista alerta de que el modelo aprobado no reducirá la presión turística ni garantizará vivienda asequible, sino que consolidará desigualdades y alimentará nuevos conflictos, favoreciendo la aparición de un mercado negro de vivienda vacacional que no podrá ser controlado.
Podemos Canarias exige al Gobierno regional medidas inmediatas y estructurales ante el avance descontrolado del alquiler vacacional. La formación acaba de presentar un decálogo de medidas entre las cuales, recogen medidas como la suspensión automática de nuevas licencias de VV, o la reconversión de las viviendas turísticas en residencias habituales, con ayudas públicas e incentivos fiscales para quienes opten por el alquiler de larga duración gestionadas a través de una inmobiliaria pública.
