La directora del Observatorio de Derechos Sociales (ODESOCAN), Emma Colao, se reunió con representantes de la Asociación “Covid Persistente Canarias” quienes denuncian sufrir un abandono por parte de la Consejería de Sanidad desde su creación en 2020. Estiman que más de 70.000 personas podrían estar sufriendo esta enfermedad en Canarias, por lo que exigen que la Administración cumpla con su compromiso de crear una Unidad de atención específica en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria.
La vocal de la junta directiva de la Asociación, Inmaculada Pérez, asegura que “la estimación de esta cifra la hemos realizado basándonos en que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente entre el 10% y el 20% de las personas que han padecido la enfermedad, experimenta diversos efectos a medio y largo plazo después de recuperarse de la enfermedad inicial. Esta afección, conocida como Covid Persistente o covid de larga duración, incluye una variedad de síntomas prolongados entre los que destacan, por ser los más frecuentes, la fatiga, la disnea y la disfunción cognitiva (confusión, pérdida de memoria o falta de concentración y claridad mental)”.
Por ello consideran que “esta dejación por parte de la Consejería ha provocado un problema de salud pública, ya que, al no contar con las unidades médicas específicas, hay un importante número de personas que están sufriendo Covid Persistente y no han podido ser diagnosticadas”.
A parte de la petición de la creación de estas dos unidades específicas de Covid persistente en los hospitales de Tenerife y Gran Canaria, desde la Asociación han solicitado la formación de los profesionales sanitarios en esta enfermedad, el reconocimiento de discapacidad o incapacidad laboral para las personas diagnosticadas, dotar de recursos para la investigación, formación a docentes y pediatras para poder detectar la enfermedad desde edades tempranas, la adaptación de los puestos de trabajo y dotar de la información y medias sanitarias necesarias de prevención de esta enfermedad en todos los organismos públicos.
Por su parte, la directora de ODESOCAN, Emma Colao, recuerda que “el fin de este Observatorio es defender que el Gobierno de Canarias cumpla con los derechos sociales de la ciudadanía canaria, entre los que se encuentra la Sanidad Pública. Aunque parezca el Covid es algo ya pasado y olvidado, hay que recordar que no solo tuvo repercusión en nuestra memoria y en la vida de la ciudadana en el momento en que ocurrió, sino que persiste hoy en día. Sus consecuencias y repercusiones se mantienen, y por lo tanto, las administraciones están obligadas a actuar. Desde ODESOCAN valoraremos las demandas de esta Asociación y nos informaremos sobre la situación que están sufriendo las personas afectadas, con el fin de mediar con las instituciones que tienen la competencia de actuar frente al derecho de una salud digna”.
