La gestión de la crisis humanitaria generada por la erupción del volcán de La Palma en 2021 y la llegada de inmigrantes a las costas canarias ha vuelto a abrir el debate sobre la distribución de los recursos públicos en el archipiélago.
Cientos de familias afectadas por el volcán siguen esperando una solución definitiva a su situación, tras haber perdido sus hogares y medios de vida.
Mientras tanto, muchas de ellas viven en contenedores que, con el paso del tiempo, han comenzado a mostrar signos de deterioro y oxidación.
Esta situación ha generado una creciente frustración entre los damnificados, quienes denuncian la falta de alternativas habitacionales dignas.
Por otro lado, en Gran Canaria, algunos inmigrantes están a la espera de ser reubicados en pisos que cuentan con ascensores y placas solares.
Estas viviendas, financiadas en parte por fondos europeos y otros recursos destinados a la gestión migratoria, han sido el foco de críticas por parte de sectores de la población local, quienes consideran injusto que los afectados por el volcán no reciban un trato similar.
“Nos sentimos abandonados. Perdimos todo en la erupción, y lo que nos ofrecen son contenedores oxidados, mientras vemos que a los inmigrantes se les están dando pisos con mejores condiciones”, afirma Marta Rodríguez, vecina de la localidad de Los Llanos de Aridane.
Por su parte, desde el gobierno regional aseguran que se están haciendo esfuerzos para acelerar la construcción de viviendas definitivas para los afectados en La Palma. Sin embargo, explican que la falta de suelo urbanizable y la complejidad de los trámites administrativos han retrasado el proceso.
La diferencia en el tratamiento entre ambos grupos ha provocado una creciente tensión social en las islas, donde muchos ciudadanos se preguntan por qué los recursos destinados a los inmigrantes parecen más inmediatos que los dirigidos a los propios canarios.
Fuentes gubernamentales aclaran que los fondos para la gestión de la inmigración y los fondos para la reconstrucción de La Palma provienen de partidas diferentes. Además, subrayan que la crisis migratoria es un problema de carácter internacional, que está sujeto a convenios y normativas que obligan a ofrecer condiciones dignas a los migrantes mientras se resuelven sus situaciones legales.
A medida que la situación se prolonga, tanto en La Palma como en Gran Canaria, las demandas de soluciones más equitativas por parte de los ciudadanos canarios continúan creciendo.
