Intersindical Canaria expone a la Diputada del Común su rechazo a la nueva normativa en Dependencia

La Diputada del Común, Lola Padrón, recibió este martes a la representante y portavoz de Intersindical Canaria en materia de dependencia, Yolanda Cívicos, quien aseguró que esta nueva normativa no redundará en beneficio de las personas, “sino que pone en riesgo el sistema garantista de sus derechos”.
El borrador del nuevo decreto sobre dependencia que ha elaborado Bienestar Social, presentado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el marco del Consejo General de Servicios Sociales, pretende regular y agilizar el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el archipiélago. Sin embargo, el sindicato se ha mostrado abiertamente contrario a esta normativa que según la propia portavoz recibió más de 80 alegaciones y solo fueron tenidas en cuenta 46. Yolanda Cívicos expuso a la Diputada del Común, Lola Padrón su postura en defensa de los servicios públicos. La portavoz, expresó, entre otras cosas, que «no solo vemos ambigüedades y lagunas en el decreto, sino que no se recoge de manera clara los perfiles profesionales, las funciones, la formación que recibirán, ni los mecanismos de coordinación que puedan asegurar un procedimiento garantista con seguridad jurídica. Además, no se menciona como se trabajará en erradicar la feminización de los cuidados o potenciar la profesionalización de los mismos.»
Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico, es decir que la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley se realizaba con la asistencia de dos profesionales al domicilio del solicitante y además en distintas ocasiones. Primeramente, un valorador o valoradora que determinaba el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional estimaba el programa de atención individualizada, lo que se traduce en las ayudas a las que tiene derecho. Con el actual sistema monofásico que propone la nueva normativa acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. “De esta forma, efectivamente reduciremos el tiempo de tramitación”, puntualiza Cívicos, pero “no es suficiente con una valoración única para simplificar, si se trata a la gente como meros números no está centrado en la persona con un modelo individualizado de cara a las mini residencias, viviendas colaborativas y mantener al usuario en el entorno, porque dista muchísimo de la realidad. El baremo. describe la situación real de las personas si no dejo constancia de su estado esto puede llevar a que puedes salir sin grado y quedarte fuera del sistema o te puede salir un grado I y realmente te corresponde un grado II, III o al revés… este es el mensaje muy importante que quiero transmitir”, sentenció la portavoz de Intersindical Canaria.
Externalización del servicio
La Diputada del Común, Lola Padrón le agradeció que le aclarase todos estos puntos valorativos desde el sindicato y entendió que lo que reclaman no es solo mayor dotación de personal, sino profesionalización de las personas que van a realizar el trabajo y el control de las empresas a las que se contrata de forma externa y preguntó si no era posible un término intermedio “el interés de los y las ciudadanas es lo importante, y la ayuda económica es vital, son familias lo que hay detrás y lo que no se puede es escuchar y leer en titulares que la cifra aumenta y falta personal, desde la Diputación del Común vamos a hacer un trabajo y seguimiento exhaustivo y sobre todo en Discapacidad, pero lo que me reocupa mucho es la contratación de empresas externas y saber si están capacitadas para desarrollar ese trabajo”. Padrón, insistió en la necesidad de definir el espacio sociosanitario y que no se puede justificar todo desde el estado de emergencia. Para finalizar la reunión Cívicos recalcó la necesidad del aumento de personal, el control de la externalización y la formación que reciben quiénes entran a formar parte del equipo, sin olvidar el aumento de la inversión pública. Puso como ejemplo la inversión que se realiza en Castilla y León “cuenta con la misma población que el Archipiélago y tiene una dotación de 800 personas para el trabajo de valoración. No podemos usar la dependencia como arma arrojadiza porque necesitamos un sistema garantista de derechos y que ayude en la prevención. Hay familiares cuidadoras, que prefieren otro tipo de recursos y no solo el económico, algunas te dicen que necesitan 8 o 10 horas diarias para ellas. Hay personas que llevan toda la vida cuidando de sus familiares, incluso con una discapacidad cognitiva grave, que no puede ni salir a la calle, a veces te dice que lo que quiere es cortarse las venas. El tema de la salud mental es para hablar con más calma y en otro momento, la mayoría de las cuidadoras son mujeres, y nos planteamos cómo conciliar su vida personal y laboral con la social. Un ejemplo que deja claro que lo importante no es solo reducir los tiempos, sino que el problema principal es que solo estamos concediendo prestaciones económicas y damos por sentado que todo el mundo nos va a aplaudir, y no es el caso”.