Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), en base al reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre los presupuestos iniciales del Gobierno de Canarias de 2024, denunció hoy que “se agrava la temeridad, imprudencia y mala gestión” denunciada por el canarismo de progreso hace cinco meses tras la presentación del primer proyecto de ley del Gobierno de CC y el PP. El presidente, la portavoz parlamentaria en la materia y el coordinador del grupo parlamentario, Román Rodríguez, Esther González y Fermín Delgado, respectivamente; evidenciaron que se triplica el incumplimiento de la regla de gasto, lo que supondrá un ajuste de más de 500 millones de euros, y que la ejecución presupuestaria en 2023 ha sido la más baja de la última década, 1.500 millones de euros sin gastar, sin invertir.
“Nuestros cáculos”, del pasado mes de octubre, sobre los tres graves problemas de los presupuestos de las derechas canarias, advirtió Román Rodríguez, han empeorado según se desprende del último informe publicado por la Airef a finales de la semana pasada. El trabajo de este organismo, en opinión de NC-BC, revela que CC y el PP dirigen un Gobierno “imprudente, temerario y malos gestionando”. El resultado es que Canarias y su ciudadanía “acabará pagando las consecuencias de tanta irresponsabilidad”, criticó.
Para Esther González, el “falseamiento” de la regla de gasto para aumentar el gasto en 2024 en 1.121 millones de euros es la “crónica de un disparate anunciado”. No solo no se tuvo en cuenta el 3% recomendado por la Airef (luego corregido al 2,6% por el Consejo de Política Fiscal y Financiera) ya que se fijó en el 6% sino que finalmente fue del 8,5%. Un “flagrante incumplimiento” de la regla de gasto y el mayor de todos los territorios del Estado ( de media del 5,7%), lo que supone un ajuste de más de 500 millones de euros.
Un “exceso” de entre 517 millones de euros y 530 millones de euros, casi la mitad de los 1.121 millones de euros de aumento del gasto, en consecuencia, un deterioro de las finanzas públicas desde el 2025 al 2027, al margen de las consecuencias legales por el incumplimiento del marco legal estatal, remarcó Esther González.
En el plan presupuestario presentado ayer lunes por la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Matilde Asián, tal y como agregó Rodríguez, ya se contiene un importante “ajuste, una retención” del gasto de 234 millones de euros. “Ya no se gastarán”, avisó, los 11.301 millones de euros totales de los presupuestos en vigor.
En la citada previsión, aprobada en Consejo de Gobierno, el presidente de NC-BC aseguró que se prevé que, en 2025, el presupuesto sólo crezca en 175 millones de euros. En 2025, sólo 156 millones de euros y, en 2027, 76 millones de euros más, para acometer todos los gastos de la comunidad.
Femín Delgado, con datos del Ministerio correspondiente, mostró que la ejecución presupuestaria de 2023 es del 91%, “la peor de los últimos 10 años”. Se dejaron de gastar 1.089 millones de euros, una cantidad equivalente a la suma del presupuesto de Derechos Sociales, el Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Empleo (SCE) “juntos,” censuró el coordinador del grupo parlamentario.
Cerca de 1.100 millones de euros que “no se gastaron más” otros 400 millones de euros que se han diferido a organismos del Gobierno para ejecutar en los próximos ejercicios económicos, remató Román Rodríguez.
Sólo en el mes de diciembre se gastaron, según expuso, 2.485 millones de euros, el 22,5% del presupuesto total. Un dinero que, según Delgado, “no ha llegado a los ciudadanos” al emplearse la técnica presupuestaria de sacar partidas de una consejería para ser inyectada en una empresa o entidad pública del mismo departamento.
Lo que sí fue fuertemente cuestionado por el coordinador parlamentario fueron las 13 mensualidades en gasto farmacéutico, la “debillidad” del Ejecutivo de CC y el PP. Cada mensualidad, tal y como especificó, son 60 millones de euros para el lobby farmacéutico mientras se negaron 12 millones de euros para las pensiones no contributivas.
Para el coordinador del grupo parlamentario de NC-BC, resulta poco justificable que la ponente de la ley de estabilidad estatal, la consejera canaria Matilde Asián, abogue por el incumplimiento del artículo 32 de la citada norma, que obliga a destinar los 216 millones de euros de superávit a reducir deuda. Reiteró que Nueva Canarias nunca apoyó la citada norma y que trató que fuera modificada en el Congreso de los Diputados.
En relación a la buena situación de la deuda en Canarias del 10,12%, una de las más bajas del Estado, Fermin Delgado denunció que el pacto de las derechas “no ha hecho nada”. Es “mérito” del Gobierno de progreso, en el que ostentó la responsabilidad de la Viceconsejería de Hacienda, al refinanciar toda la deuda a un interés muy bajo en enero de 2023.