El concejal de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Juan Alberto Pérez, criticó que el grupo de gobierno municipal de CC, PP y AUP-SSP votara, en el pleno, en contra de una moción del edil canarista para la aplicación del Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público.
Juan Alberto Pérez recordó que esta moción proponía la aplicación de esta normativa estatal que, bajo el amparo del reciente real decreto, viene a impulsar una serie de medidas para proteger a las personas con discapacidad y permitir que puedan hacer uso, en condiciones de no discriminación, de situaciones cotidianas. Entre otras, los trámites municipales de carácter social, asistencial y de atención a la infancia y a las personas mayores. Asistencia a eventos, a las actividades extraescolares, a la práctica del deporte, mejorar la accesibilidad y la seguridad ciudadana, entre las principales.
En el citado real decreto se resuelve también otorgar obligaciones de accesibilidad universal a las y los responsables de la seguridad ciudadana, emergencias y protección civil. En definitiva, se ofrece seguridad jurídica para regular asuntos con un impacto directo en la vida de la gente, “y cuya regulación beneficiará a otros colectivos como las personas mayores”, destacó Pérez.
El concejal de NC-BC denunció que el grupo de gobierno “ni se ha leído” la moción, lo que es “muy preocupante”. Explicó que el grupo de gobierno motivó su voto en contra basándose en que el Ayuntamiento tenía aprobado un plan de movilidad sostenible desde el 2021 (PMUS) lo que “demuestra un manifiesto desconocimiento de lo que viene a regular este real decreto, que es dos años posterior a este plan de movilidad que debería de adaptarse para recogerlo en su normativa. Pérez recriminó la manifiesta “falta de empatía” de los dirigentes locales con las personas con discapacidad y los mayores de San Juan de la Rambla.
Según el portavoz municipal de NC-BC, las administraciones públicas tienen “obligaciones” generales, como el respeto al derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, así como en la aplicación de medidas de accesibilidad o realización de ajustes razonables y la incorporación de criterios de accesibilidad universal en los programas de calidad de las administraciones públicas.
Nueva Canarias, según el dirigente local, ha puesto sobre la mesa, no sólo la necesidad de adaptar el municipio a esta nueva normativa, además de defender que un gobierno local con aspiraciones e a ser cercano con la ciudadanía debe de empezar por “escuchar con un mejor talante” a la oposición porque “también representamos a todos los rambleros y rambleras” recalcó Pérez.
