Cien días es el periodo de gracia que por regla general suele recibir casi cualquier gobernante antes de someterse a una primera valoración sobre su acción de gobierno y proyección de futuro. 100 días son algo más de tres meses y en este tiempo el nuevo Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo y conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, si algo ha dejado claro son sus prioridades. Y las sensaciones, francamente, no pueden ser más frustrantes.
De momento, ni una sola medida para la mayoría social de las islas. Ni frente a la escalada de precios de la cesta de la compra ni para lidiar con la situación de colapso que vive el mercado de la vivienda o para avanzar en la reconstrucción de la isla de La Palma. Cero. Como si se hubieran evaporado sus promesas electorales o algo todavía peor, que deliberadamente se hayan desentendido de ellas.
Los socios de gobierno, por el momento, solo han adoptado una medida de cierto impacto y ha sido, oh qué cosas, para beneficiar a una minoría entre las rentas altas; a apenas seis mil canarios y canarias con herencias superiores a los 300.000€ a los que han decidido eximir del pago del impuesto de sucesiones. La medida fue adoptada en el primer Consejo de Gobierno de la nueva legislatura. Todo una declaración de intenciones.
El sesgo ideológico antes que cualquier respuesta tangible a las verdaderas necesidades de la mayoría. Este es el nuevo Gobierno que tenemos en Canarias, el más caro de la historia por cierto. Nunca antes este Archipiélago tuvo un Ejecutivo con tantos cargos políticos y puestos a dedo como el actual. Decían que venían a adelgazar la administración, pero tampoco aquí han cumplido con la palabra dada.
El segundo decreto ley aprobado por Coalición Canaria y Partido Popular en estos 100 primeros días sigue la misma estela, lejos del interés general: retirar al Parlamento el control de la Radio Televisión Canaria para entregárselo al Gobierno. El riesgo de instrumentalización de los servicios informativos públicos gana enteros.
Y, mientras, siguen sin concretarse cuáles son sus planes fiscales y financieros para el próximo curso. Por ahora, todo son simples conjeturas y coloridos titulares prensa. Sin embargo, en nada entraremos en las Navidades y seguimos a la espera de conocer el techo de gasto de las nuevas cuentas generales o si, como ya van deslizando, serán incapaces de cumplir con la que fue su principal promesa electoral: la bajada lineal del IGIC del 7 al 5%, tal y como exigían una y otra vez al Pacto de las Flores.
Está claro que una cosa es la crítica fácil y las propuestas imposibles de la oposición y otra bien distinta gobernar, tomar decisiones y hacerse cargo de sus consecuencias. Un fraude electoral que ya vivimos con Mariano Rajoy hace unos años, cuando prometió como candidato una bajada generalizada de impuestos y ya en Moncloa lo que hizo fue subirlos literalmente todos. Episodio memorable aquel de descrédito político y rico alimento para la desconfianza ciudadana.
Como cuando no se respeta la voluntad de la mayoría expresada en las urnas y quien acaba ocupando la presidencia del gobierno no es el primero ni el segundo candidato más votado, sino el tercero a lomos de una alianza de perdedores. Es lo que ha pasado recientemente en Canarias y cuyo resultado ha sido un gobierno de circunstancias al que estos cuatro años se le pueden hacer largos, muy largos. Canarias no está para perder el tiempo y sin embargo los socios ya han perdido sus 100 primeros días. Para preocuparse.
