La diputada del Partido Popular por Las Palmas y portavoz de Igualdad del Grupo Popular el Congreso, Auxiliadora Pérez, ha lamentado hoy “las graves consecuencias” que está generando en la sociedad la Ley del “Solo sí es sí”, “una tropelía más del Gobierno de Pedro Sánchez que solo crea inseguridad y supone una falta de respeto para las víctimas de violadores y delincuentes sexuales”.
Así se manifestó hoy la portavoz popular tras conocerse que la Audiencia de Las Palmas ha ordenado la puesta en libertad de un preso condenado a doce años de cárcel por agresión sexual, tras la reducción de su condena a siete años, como consecuencia de la entrada en vigor de la polémica Ley del “Solo sí es sí”.
Auxiliadora Pérez señala que la Ley “es un error, y no corregirla es un ejercicio más de soberbia del Ejecutivo que preside Sánchez”. “Seguimos viendo, día sí y día también, las preocupantes consecuencias de la chapuza legal que supone esta Ley. Por primera vez en décadas, en vez de dar pasos adelante para proteger a las mujeres, hemos dado un enorme paso atrás”, aseguró.
En este sentido la diputada canaria declara que “comprendemos la preocupación de las familias y el miedo que pueden sentir las mujeres víctimas de agresiones sexuales ante esta desprotección que reduce las penas de los agresores o incluso pone en la calle a cientos de delincuentes”.
Por otra parte, Pérez ha calificado de “penosas” las declaraciones realizadas hoy por la ministra de Justicia, Pilar Llop, asegurando que la Ley “no ha tenido los efectos deseados”. A su juicio, “decir que se comprende la preocupación y la alarma social generada no soluciona nada. Como no rectifiquen ya, y continúe la misma proyección, de aquí al final de esta legislatura nos podríamos encontrar con más de 1.200 agresores sexuales beneficiados por la arrogancia e incompetencia de Irene Montero, y la obsesión de Sánchez por mantenerse en La Moncloa”.
Por último, Auxiliadora Pérez pregunta qué más tiene que ocurrir “para que el Gobierno central asuma su error y rectifique”, y pide al presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y a su consejero de Justicia, que “den la cara y se pronuncien ante la sociedad canaria sobre estas excarcelaciones, que se pongan en el lugar de las víctimas, y exijan la derogación de esta ley de la vergüenza”.
