La diputada del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Astrid Pérez, aseguró que la construcción de nuevas viviendas públicas en las islas “es otro de los grandes fraudes” del Gobierno de Canarias en esta legislatura y denunció que “la indolencia de los responsables de la consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha dejado tirados y sin alternativa a más de 18.000 familias canarias que esperan por una vivienda pública”.
Astrid Pérez, que preguntó al responsable del área en el último pleno del Parlamento por el número de viviendas públicas que se han ejecutado en Canarias desde julio de 2019, lamentó que el consejero haya creado “falsas expectativas” en las familias de Canarias al comprometerse a construir 4.000 viviendas, para luego rebajar esta cifra a 2.200 y finalmente reconocer que “a día de hoy no hay ninguna”.
La diputada popular recordó que la promoción y construcción de vivienda pública es una de las prioridades que fijó el pacto de gobierno al inicio de la legislatura “pero, desgraciadamente, casi cuatro años después estamos ante una legislatura perdida y otro compromiso incumplido” por lo que exigió que “cumplan con su palabra y con su compromiso con las familias más vulnerables y abandonen la decadencia que se ha implantado en Canarias desde que ustedes gobiernan”
“Es lamentable que el Gobierno lleve tres años vanagloriándose de tener las mejores cuentas y el consejero alardeando de una gestión que solo existe sobre el papel cuando, a día de hoy, no se ha entregado ni una solo vivienda a los miles de canarios que esperan por una vivienda pública en condiciones”, señaló la diputada popular.
“De nada sirve presumir de los mayores presupuestos de la historia si al final las necesidades básicas de los ciudadanos como el acceso a una vivienda digna no llegan” continuó Pérez, quien puso como ejemplo la situación que se vive en la isla de Lanzarote donde “no se construye una vivienda pública desde hace tres décadas, prácticamente”.
En este sentido, Pérez consideró “indignante” que un asunto como la escasez de vivienda pública que presenta “un déficit histórico” y que el propio gobierno se comprometió a saldar para hacer justicia “siga en la columna del debe del Ejecutivo que prometió no dejar a nadie atrás”, concluyó.
