La petición se basa en la crítica a los presupuestos presentados, los cuales continúan con un modelo incrementalista, centrado en el aumento de las partidas sin una evaluación real de las necesidades de la población. Este enfoque no se ajusta a los principios de economía, eficacia y eficiencia que deben regir la gestión del dinero público, y más aún cuando se trata de los recursos de los ciudadanos.
A lo largo de los últimos años, se ha observado un incremento continuo del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, que, en el período comprendido entre 2015 y 2025, ha crecido un 58%, lo que representa un aumento de 339 millones de euros. Sin embargo, este aumento no ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los grancanarios.
Entre los ejemplos más destacados se encuentra la Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, cuyo presupuesto ha pasado de 101 millones de euros en 2016 a 224 millones en 2025, un aumento de 123 millones. A pesar de ello, las listas de espera en servicios sociales han crecido y el II Plan de Infraestructuras Socio-Sanitarias sigue prorrogándose sin dar soluciones definitivas a las demandas de la ciudadanía.
Asimismo, se ha señalado que la Consejería de Presidencia dispone de 186,5 millones de euros, de los cuales 34,3 millones están destinados al servicio de presidencia, con una gran parte dirigida a transferencias corrientes, lo que no genera un beneficio tangible para las familias de la isla. Además, el Servicio de Patrimonio recibe más de 8 millones de euros, pero más de la mitad de este presupuesto se destina al mantenimiento del propio servicio y no a iniciativas que beneficien a la población.
El Servicio de Solidaridad Internacional, que forma parte de la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, ha aumentado su presupuesto en 1,5 millones de euros con respecto al año anterior, alcanzando casi 8 millones, a pesar de que las necesidades sociales de los grancanarios no están siendo suficientemente atendidas.
Por último, en el ámbito educativo, el Cabildo de Gran Canaria sigue sin ofrecer soluciones efectivas a la baja calidad educativa que muestran los informes PISA, con los peores resultados en comprensión lectora entre los alumnos canarios. Pese a esto, se sigue destinando una partida millonaria a la Consejería de Educación, sin que se implementen medidas concretas para mejorar la formación de los estudiantes.
Por todos estos motivos, el grupo político Vox ha registrado varias enmiendas parciales, donde se hizo especial hincapié en proyectos para la construcción de viviendas y ha formulado una enmienda a la totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales del Cabildo Insular de Gran Canaria para 2025 y ha solicitado la devolución de los mismos, con el fin de que se elabore un presupuesto basado en cero, que permita alcanzar la máxima eficacia y eficiencia, atendiendo las verdaderas necesidades de la sociedad de Gran Canaria.
