La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) de Canarias se ha reunido esta semana para valorar las movilizaciones del pasado 26 de febrero y organizar una segunda jornada nacional de lucha el próximo 9 de abril. La primera convocatoria logró una participación masiva, con concentraciones simultáneas en 80 localidades y la adhesión de 150 organizaciones en todo el Estado. En Canarias, la protesta tuvo lugar en cuatro islas y siete poblaciones: Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Los Llanos de Aridane, San Cristóbal de La Laguna, Puerto de la Cruz y Arona.
El nuevo llamamiento busca ampliar el alcance de las protestas y sumar a más territorios y colectivos, en un contexto de creciente amenaza contra el sistema público de pensiones. La política económica y militar impulsada por Estados Unidos bajo la administración Trump, junto con las presiones para el rearme europeo, ponen en peligro los derechos conquistados. La posibilidad de recortes para financiar estas estrategias de militarización es una amenaza real, que podría derivar en un debilitamiento del sistema público de pensiones.
A esto se suma la inminente revisión de Bruselas sobre el sistema de pensiones en España este mes de marzo. Desde la MERP advierten que un informe negativo de la Comisión Europea podría abrir la puerta a nuevas medidas de ajuste, afectando directamente a los pensionistas y a la clase trabajadora en su conjunto.
Ante esta situación, la MERP de Canarias llama a la movilización el 9 de abril para defender las pensiones públicas y exigir su blindaje constitucional, impidiendo cualquier intento de privatización o recorte. «No permitiremos que los derechos conquistados sean sacrificados en nombre de intereses económicos y geopolíticos ajenos a las necesidades de la ciudadanía», ha declarado Adrián Ramírez, portavoz de la plataforma.
