‘Acampada Reivindicativa Lolo Dorta’ denuncia maltrato hacia las familias que residen en viviendas propiedad de SAREB

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con representantes de ‘Acampada Reivindicativa Lolo Dorta’ quienes denuncian que la entidad SAREB, cuyo capital es mayoritariamente público, obliga a varias familias de los municipios de Arona y La Laguna, en Tenerife, a abandonar sus viviendas en alquiler para venderlas.
El portavoz del colectivo, Eloy Cuadra, expresó su profunda preocupación por este asunto que afecta a numerosas familias en Canarias, “actualmente hay 877 viviendas propiedad de SAREB en Tenerife, de las cuales, 38 pertenecen a Arona y 17 a La Laguna. Cuadra remarcó que “en la pasada campaña electoral, estas viviendas se postularon como opciones asequibles para familias con pocos recursos mediante alquileres sociales”.
Cuadra explicó que “desde hace meses, estas familias han estado recibiendo cartas, burofaxes e incluso comunicados del juzgado en los que SAREB les exige que abandonen las viviendas”. Además, añadió que “son familias con bajos ingresos que, en su mayoría, entraron con contratos de alquiler legales, algunos de ellos visados por el Instituto Canario de la Vivienda”.
En esta misma línea, solicitó que “estas viviendas sean compradas por el Gobierno de Canarias y puestas en alquiler social. Queremos que se busque alguna forma para que se puedan poner a disposición de las familias más vulnerables con un alquiler social”.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, señaló que, “aunque no podemos intervenir en procesos judiciales, especialmente en casos de desahucios, nos dirigiremos a la SAREB, ya que es una entidad mayoritariamente pública, para conocer la situación de estas viviendas y contemplar la posibilidad de destinarlas al alquiler social, ajustado a la renta salarial de los inquilinos”.
Además, Yanes reiteró que “la vivienda es el gran problema social que tiene Canarias, con el porcentaje más bajo de vivienda pública en Europa”. Además, destacó la necesidad de lograr un amplio acuerdo político para construir un parque público de viviendas, esencial para proteger el derecho constitucional a una vivienda digna.