Podemos Canarias ha exigido la paralización inmediata del derribo del inmueble situado en la calle Luis Morote 2, en Arrecife, al considerar que posee valores patrimoniales acreditados y que su demolición responde a la inacción de las administraciones competentes. La formación denuncia que el silencio administrativo ha abierto la puerta a una pérdida irreversible para la memoria urbana de la capital lanzaroteña. Además, advierte de que aún se está a tiempo de evitarlo y asi mantener parte de la esencia tradicional canaria en la ciudad.
El edificio, representativo de la arquitectura rural adaptada al medio urbano, conserva rasgos propios del carácter popular y tradicional de las edificaciones domésticas de Lanzarote. Se ubica en una vía que mantiene otros tres ejemplos de esta práctica constructiva depurada —las viviendas número 6, 9 y 12— configurando un conjunto singular en Arrecife. Sin embargo, otra casa con valores similares ya fue derribada en la misma calle y sustituida por un edificio de relato moderno, empobreciendo el trazado histórico y la identidad arquitectónica de la ciudad.
Podemos Canarias denuncia un patrón en el gobierno municipal que termina favoreciendo intereses privados frente al bien común. La secuencia se repite: la constructora solicita licencia de demolición; el Ayuntamiento no responde; la empresa acude al juzgado; y el órgano judicial reconoce los efectos del silencio administrativo al no existir expediente de protección iniciado ni por el Ayuntamiento ni por el Cabildo. El resultado es que un bien con notorios valores patrimoniales queda sin amparo jurídico efectivo.
“El patrimonio no es un obstáculo para el desarrollo, es memoria viva y derecho colectivo”, ha afirmado Nona Pérera, secretaria de Patrimonio de Podemos Canarias. “No podemos permitir que el silencio administrativo se convierta en una vía para eludir la obligación legal de proteger lo que es de todas y todos. La Ley contempla medidas cautelares inmediatas. Si no se activan, es porque no existe voluntad política”.
La formación señala la responsabilidad conjunta del Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias por no emplear los instrumentos previstos en la normativa. Recuerda que la conservación del patrimonio constituye un interés público prevalente, que prima frente a intereses particulares cuando existe valor cultural acreditado. Además, advierte de que la pérdida de este inmueble supondría un nuevo deterioro de la memoria urbana de la capital, cuya promoción turística contrasta con la fragilidad real de su legado histórico.
“Todavía estamos a tiempo de proteger este inmueble y de protegernos como sociedad”, ha añadido Pérera. “Basta con incoar el expediente y aplicar la suspensión cautelar que prevé la Ley. Defender el patrimonio no es una opción ideológica, es cumplir la legalidad y respetar nuestra historia común”.
