La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha propuesto este martes la instalación de controles de acceso vigilados con cámaras de seguridad -equipadas con lectores de matrícula- para acabar con las carreras ilegales que se producen los fines de semana en el interior del Polígono Industrial Díaz Casanova.
“Hemos tenido dos accidentes graves en apenas tres años. La tercera vez no tendremos tanta suerte”, ha advertido Delgado. La edil del PP hace referencia al atropello múltiple que en 2022 dejó ocho heridos, pero sobre todo al de hace dos semanas, cuando dos vehículos colisionaron provocando un grave siniestro que terminó con uno de los coches calcinados.
“Los responsables del polígono, los vecinos y la oposición llevamos años diciendo que va a ocurrir una desgracia. Parece ser que, menos el concejal de Seguridad y ahora también de Cultura, y la Alcaldesa, todos sabíamos que cada fin de semana, en horas de la madrugada, se concentran jóvenes que además de hacer botellón aprovechan para hacer carreras y derrapes con sus vehículos”, prosigue la líder de PP en la capital grancanaria.
“Como es evidente que no ha habido un dispositivo de seguridad al respecto y que no podemos arriesgarnos a que alguien termine por perder la vida”, prosigue Delgado, “proponemos usar la tecnología para controlar esta situación”. La propuesta que hace la portavoz consiste en instalar un sistema de barreras para controlar el acceso, controladas a través de cámaras de seguridad con lector de matrícula incorporado.
“La detección de la matrícula, su lectura, grabación y procesado será una garantía de que a esta zona accede solo quien puede hacerlo. Y en caso de hacerlo ilegalmente tendremos un control exhaustivo de cada persona y de la identificación del coche. En las calles de esta zona industrial vienen produciéndose unos hechos que los vecinos denuncian desde hace años sin que nadie del grupo de gobierno se de por aludido”, añade.
Desde el PP recuerdan que la Policía Local ha declarado formalmente un conflicto laboral con el Ayuntamiento, que adeuda dos millones de euros en horas extra a la plantilla. Además, el grupo de gobierno ha normalizado el uso de vigilantes privados para tareas propias de este cuerpo policial y apenas se ha incrementado el número de agentes en los últimos años.
“Eso por no citar los problemas de seguridad ciudadana en Las Canteras, el entorno de San Telmo o Arenales, o el incremento de las agresiones con arma blanca. No se toma en serio uno de los pilares básicos para que una ciudad funcione y mientras sigamos así mucho nos tememos que las cosas no van a mejorar”, concluye Delgado-Taramona.
