En un escenario desolador, entre condiciones insalubres y falta de infraestructura adecuada, tanto animales como voluntarios luchan por subsistir en las protectoras de animales de la isla. Ante esta realidad, el Coordinador de PACMA en La Palma, Fernando Martín, insta vehementemente a las autoridades públicas a «cumplir con su deber» y poner fin a esta crisis sanitaria en la que se encuentran sumidos.
Los hechos se remontan a 2008, cuando el periódico La Opinión de Tenerife anunció el compromiso del Cabildo Insular de iniciar la construcción del aclamado «albergue insular», así como llevar a cabo campañas de esterilización y castración de animales abandonados. Sin embargo, denuncia Martín que estas promesas quedaron en el olvido, sumergiendo a la isla en una década de incumplimientos y decepciones para la comunidad de defensores de los derechos de los animales.
En 2014, nuevas promesas surgieron de las oficinas gubernamentales, esta vez con el Cabildo de La Palma prometiendo la ejecución del albergue en respuesta a las preocupaciones de protectoras y ciudadanos por el creciente abandono de animales. «Una vez más, estas palabras se disolvieron en el aire», critica el coordinador.
A día de hoy, la adquisición de terrenos para un futuro albergue en mayo de 2023 es el único avance tangible, mientras que el número de animales abandonados y acogidos por las protectoras durante la crisis volcánica y la pandemia ha saturado aún más los pocos recursos disponibles.
Sin embargo, el solar comprado, en el que se ubica una granja que pretende ser el famoso futuro albergue, estaba ocupado por otra protectora de animales, que ha sido reubicada en terrenos adyacentes que no cuentan con las condiciones necesarias ni para los animales ni para el personal: la falta de espacio, la insalubridad y la ausencia de infraestructuras básicas, como sistemas de canalización o aseos, son solo algunas de las numerosas deficiencias que apunta el coordinador de PACMA, que ha llevado la voz de la comunidad animalista ante las autoridades locales en reiteradas ocasiones.
En palabras de Martín, «No podemos permitir que unas instalaciones en tales condiciones sean el hogar de nuestros animales, el lugar de trabajo de los cuidadores, o el espacio habitual de los voluntarios y futuros adoptantes que visitan el albergue».
