Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) solicita al Parlamento y al Gobierno de Canarias el apoyo a un conjunto de propuestas y medidas esenciales para garantizar el acceso a una vivienda digna, uno de los problemas más graves en las islas, y fortalecer una educación pública de calidad en el Archipiélago. La presidenta y la portavoz adjunta del grupo parlamentario de NC-BC, Carmen Hernández y Esther González, respectivamente, defenderán mañana jueves, para culminar el segundo debate de la nacionalidad de la XI Legislatura, 46 propuestas de resolución. Las parlamentarias canaristas promueven la declaración de Canarias como plataforma de paz y sostenible. Sin gas en el puerto de La Luz y de Las Palma, con Guguy como parque nacional y reparado el castigo del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo al excluir a Lanzarote de la bonificación al combustible.
Proteger la vivienda como un bien social y garantizar su acceso, especialmente a los sectores más vulnerables, a los trabajadores y a las rentas medias será el objetivo que buscará Carmen Hernández al reclamar el apoyo a varias medidas que atacan la crisis habitacional en distintos frentes. Desde el impulso de una nueva ley canaria a aprobar un plan para el periodo de 2025 a 2030 y fomentar la vivienda colaborativa. Incentivar el alquiler de los inmuebles vacíos, declarar las zonas de mercado tensionadas para limitar el precio, consensuar normas para equilibrar el impacto de la vacacional y planes para facilitar el acceso a los jóvenes completan las medidas en esta materia.
Para consolidar una educación pública de calidad, se ratificará en el cumplimiento del 5% de la riqueza de las islas, en impulsar la escolarización temprana de cero a tres años, modernizar los centros con criterios de sostenibilidad, fortalecer la Formación Profesional Dual, incorporar contenidos canarios en el currículo, proteger al profesorado canario y a las universidades pública con financiación suficiente.
NC-BC propondrá que Canarias sea declarada como plataforma de paz y solidaridad de acuerdo con el artículo 37.11 del Estatuto, a la vez que no sea empleada con fines bélicos. Esther González complementará este planteamiento con la ratificación de la promoción de un gran acuerdo por un turismo sostenible que facilitará contener el aumento demográfico, el establecimiento de la ecotasa, la protección del sector primario y el impulso de los proyectos de los trenes. Además del rechazo a la planta de gas del puerto de la Luz y de Las Palmas, el impulso de la soberanía energética y la declaración de Guguy como parque nacional.
Las parlamentarias canaristas exigirán que se levante el castigo a Lanzarote al ser excluida de la bonificación del combustible y un conjunto destacado de iniciativas vinculadas con la mejora del sistema de la dependencia, del desarrollo de la Renta de Ciudadanía y del sistema sanitario público como el programa de prevención de la salud mental infanto-juvenil, la reestructuración de la Atención Primaria, la disminución de las listas de espera quirúrgicas, especialidades y pruebas diagnósticas.
Entre las principales propuestas de resolución referidas al ámbito del Ejecutivo estatal, destaca la reforma del artículo 25 de la ley de extranjería para la distribución de los migrantes menores no acompañados entre todas las comunidades del Estado y el cumplimiento de la totalidad de las transferencias de competencias recogidas en el Estatuto.
También un nuevo sistema de financiación que mantenga la exclusión de los ingresos fiscales del REF, la condonación de la deuda en los términos aprobados por el Parlamento y promovido por NC-BC, la declaración de las conexiones aéreas con la Península como obligaciones de servicio público y la actualización de los costes tipo del transporte de mercancías interinsular y con el resto del territorio estatal, entre las principales.
El grupo canarista volverá a plantear un rechazo a la explotación de petróleo y gas por parte de Marruecos cerca de las aguas canarias. Exhortará a las Naciones Unidas a promover, sin más dilaciones, una solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental en base a las resoluciones de las Naciones Unidas.
