La portavoz económica de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Parlamento, Esther González, expresó la preocupación de los canaristas progresistas por la intención del Gobierno del Estado de eludir el informe preceptivo del Parlamento en una nueva modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), consecuencia de la trasposición de una directiva europea sobre la tributación mínima del 15 por ciento del impuesto de Sociedades de las grandes empresas y multinacionales. González denunció además el desinterés del Ejecutivo de CC y el PP por potenciar la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y la lucha contra el fraude económico, laboral y fiscal en el Archipiélago.
En la comisión celebrada hoy, la parlamentaria de NC-BC preguntó a la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE), Matilde Asián, por la afectación a los incentivos del REF del anteproyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud.
Una propuesta legislativa que “nos genera una gran preocupación” porque deriva de la obligada trasposición de una directiva europea que “no tiene en cuenta los derechos reconocidos” de Canarias en su condición de Región Ultraperiférica (RUP) ya que España no lo planteó. Con esta directiva, recordó González que se fijará una tributación mínima del 15 por ciento del impuesto de Sociedades a las empresas que facturen anualmente más de 750 millones de euros.
Tras señalar que el Gobierno de progreso de la pasada legislatura realizó las correspondientes alegaciones previas a la elaboración del anteproyecto de ley y preguntar a Asián por las gestiones realizadas al respecto, Esther González elevó el grado de preocupación por la información aportada por la responsable gubernamental.
Se refirió a que Asián aseguró que estuvo “hablando con los miembros” del Ministerio de Hacienda y que le dijeron que “no nos van a pedir el informe” preceptivo que debe emitir el Parlamento ante una modificación que, como puntualizó la diputada de NC-BC, “limita” el REF. Una exigencia que viene amparada por el artículo 167 del Estatuto de 2018 en vigor, tal y como observó.
Esther González volvió a llamar la atención sobre la importancia de que Canarias defienda sus fueros. Sea el partido que sea el que está al frente de la Administración del Estado, la parlamentaria de Nueva Canarias-BC indicó que, “si no somos nosotros, nadie va a defender nuestros derechos”.
De quedar la normativa que se apruebe finalmente en las Cortes Generales en los mismos términos que el anteproyecto de ley, la portavoz económica dijo que se sentará un precedente que debilita el REF.
Fraude
En la misma comisión se debatió el estudio sobre la economía sumergida y el fraude fiscal y laboral de Canarias, encargado y remitido al Legislativo por el anterior equipo de la Consejería de Presupuestos, Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (UE) responsabilidad de Román Rodríguez.
Un informe, según Esther González, que sostiene que el fraude fiscal depende de factores económicos, socioculturales, morales, éticos y normativos. Razón por la que el Gobierno de progreso, a través de la Agencia Tributaria de Canarias y tras la aprobación del Contrato de Gestión de la ATC para el trienio 2022 a 2024, impulsó una serie de medidas.
Destinadas, añadió, a afrontar la “lacra” del fraude, desde una perspectiva múltiple. Mediante el fomento del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, la mejora de la asistencia a los contribuyentes y la realización de actuaciones de prevención y de control. La diputada de NC-BC afirmó que el referido contrato dio sus “frutos” desde su puesta en marcha ya que, desde 2022, la recaudación tributaria se ha ido incrementando de manera “sensible”.
Sin embargo, González denunció que el Gobierno de las derechas canarias carece de interés por potenciar la ATC. Se basó en que los grupos que sustentan al Ejecutivo tumbaron las siete propuestas de resolución presentadas por NC-BC.
Entre ellas, la que instaba al Ejecutivo a potenciar la actividad de la agencia tributaria, sobre todo, desde que en los presupuestos canarios de 2024 se recortara la financiación en 1,1 millones de euros (1,7 por ciento). Una reducción de los créditos que va en la dirección “contraria” al apoyo que tuvo con el Gobierno de progreso, subrayó. El aumento fue de 17,2 millones de euros, el 36,6 por ciento por encima del 29,6 por ciento de incremento del gasto no financiero total durante los cuatro años de legislatura, remarcó Esther González.
