Agentes de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han incautado 252 kilos de alimentos en mal estado y denunciado a una organización social que los repartía como ayuda alimentaria a vecinos de un barrio de la capital.
La actuación policial se llevó a cabo la pasada semana tras obtener conocimiento la Policía Local de que una asociación benéfica con sede en un barrio del Distrito Ciudad Alta estaba entregando a los vecinos alimentos que superaban ampliamente la fecha de caducidad.
El cuerpo policial desarrolló entonces a través de agentes de la UMEC una vigilancia sobre la actividad de dicha asociación, comprobando durante una de las jornadas de entrega de alimentos que varias personas estaban recibiendo comida en mal estado, como embutidos con moho o bandejas con pescado que se encontraban infladas por no mantener la temperatura de congelación.
En el registro realizado en la sede de la asociación, los agentes comprobaron que el almacén no tenía contratado suministro de luz, por lo que los alimentos que debían conservarse en frío como carnes, pescados, embutidos, alimentos preelaborados o yogures se guardaban en neveras apagadas o directamente en estanterías y cajas.
El almacén presentaba, además, un estado de higiene deficiente y no reunía ninguna de las características sanitarias obligatorias para la conservación de alimentos, siendo empleado a su vez para almacenar materiales residuales procedentes de otras actividades.
La Policía Local procedió entonces a incautar todos los productos alimenticios que tenían ampliamente superada la fecha de caducidad y aquellos que no habían mantenido la cadena de frío, un total de 252 kilos de alimentos que fueron trasladados hasta un gestor autorizado para su inmediata destrucción.
Asimismo, la UMEC de la Policía Local ha denunciado ante la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias a la asociación responsable de la entrega de los alimentos y ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal por si existiera responsabilidad penal por un delito contra la salud pública.
