La Asociación Agua para La Palma vuelve a salir al paso de las declaraciones del consejero insular de Aguas, Carlos Cabrera, sobre la querella penal presentada por este colectivo contra el convenio suscrito en 2019 entre el Cabildo de La Palma, a través del Consejo Insular de Aguas (CIALP), con el pozo El Roque, mediante el que esta entidad privada recibió casi un millón de euros (969.230) de subvención. Un pozo entre cuyos accionistas, en el momento de este acuerdo, figuraba el padre del presidente del propio Consejo Insular y del Cabildo palmero, ambos organismos públicos presididos por Mariano Hernández Zapata.
En vista de que Cabrera presume de que volverían a hacer lo mismo porque este convenio contó con todos los informes favorables y no hubo irregularidades, la asociación exige al consejero que “aclare las dudas que ensombrecen este expediente, que por lo visto hasta ahora sólo podrán despejarse en sede judicial”.
En primer lugar, Agua para La Palma pregunta a Cabrera “cómo, sin poder realizar una prueba de bombeo, llegaron a saber los técnicos del Cabildo firmantes de estos informes favorables cuánto caudal de agua podría soportar este pozo, durante cuánto tiempo y con qué grado de salinización; por tanto conviene saber “en qué datos se basaron los informes que avalaron la concesión de la subvención para determinar cuándo podría recuperar el Consejo Insular de Aguas la subvención otorgada”
Y es que, a juicio de este colectivo denunciante, “para obtener estos datos actualizados se precisa de una prueba de bombeo durante al menos una semana o diez días. Pregunta la asociación ¿cómo se pudo realizar ese muestreo si el pozo no tenía ninguna infraestructura electromecánica para ello, al estar desmantelado desde hacía muchos años?”.
En segundo lugar, instan al consejero a que aclare si, como ha trascendido por parte de un antigüo miembro del Consejo Insular de Aguas, un año antes de recibir ese casi millón la comunidad de aguas de El Pozo del Roque habría solicitado una subvención de 300.000 euros para ponerlo de nuevo en funcionamiento, una sorprendente diferencia entre el presupuesto ese presentado y la subvención otorgada al año siguiente, ya que nada menos que triplicaría el presupuesto inicial presentado por el propio pozo para reactivarlo.
De dicha subvención, en aquel momento, la asociación ha tenido conocimiento de que fue denegada en el mandato anterior, ya que el pozo -y esta es la tercera duda que debe aclarar Cabrera- no estaba inscrito -según ha manifestado a la asociación dicha a fuente- en el Registro que estipula la Ley de Aguas de Canarias, en el que deben figurar todos los aprovechamientos hídricos en régimen concesional y temporales de aguas privadas. “Si no estás inscrito, es como si no existieras para la Administración”, subraya la asociación, «pues se incumpliría un requisito clave».
En cuarto lugar, Agua para La Palma plantea por qué, si tan correcto fue todo el trámite de estas subvenciones, se denegó a esta asociación acceder al expediente del convenio, por lo que se tuvo que denunciar esta negativa ante el Comisionado para la Transparencia, que resolvió a favor del colectivo denunciante obteniendo así el referido convenio.
En cuanto al pretexto de la sequía argumentado por Cabrera para justificar la reactivación de este pozo, la asociación vuelve a insistir en que siempre han existido otras soluciones para aumentar y abaratar el agua, que de manera injustificada ha vetado el CIALP, entre las que cabe salvar del estado de ruina el Túnel de Trasvase, una obra pública que da agua pública más barata, debiendo ejecutar bien sus cierres -actualmente mal ubicados por lo que pierden agua-, además de perforar un kilómetro más por la boca de Hermosilla, lo que unido a los tranques hidráulicos que deben hacerse en todas las galerías de la isla para regular a la demanda el agua que se saca de ellas, y la mejora de los canales para evitar las enormes pérdidas de agua, abaratarían el agua en la isla.
Otra cuestión que deberá dirimirse en sede judicial es porqué el presidente del Cabildo no se abstuvo al votar una subvención que se destinaba a un pozo del que era accionista su padre y que posiblemente ahora lo sea de su familia. En declaraciones a la cadena COPE en 2020, Hernández Zapata confirmó que su progenitor (posteriormente fallecido) era accionista del pozo de El Roque con un 5% de las participaciones.
En cualquier caso, la asociación pide al Cabildo que publique en su web los informes que avalaron la concesión de esta subvención, «para que la población vea que no pueden ser válidos» porque se obvian las razones expuestas.
Desde la perspectiva de Agua para La Palma, la política hidráulica del Cabildo “está concebida para beneficiar grandes intereses privados, por lo que no estiman alternativas con menor coste para las arcas públicas y que permitirían reducir los precios del agua hasta en un 90%, pues favorecerían aumentar las reservas de agua de la máxima calidad”.
La asociación muestra su perplejidad por que el consejero insular diga públicamente, en referencia a este convenio con el pozo El Roque, denunciado en la Fiscalía, que “lo volveríamos a hacer, sin duda”. Ante esta afirmación, Agua para La Palma le replica que si eso ocurriera, también esta asociación “volvería a denunciarlo en la Fiscalía”.
Por último, sobre la grave acusación del consejero acerca de qué intereses ocultos tiene esta asociación para recurrir la normativa de los precios del agua pública en La Palma y pretender que encarezca, Agua para La Palma replica que se trata de una provocación de Carlos Cabrera para intentar desviar la atención de la querella penal presentada en Fiscalía.
En todo caso, la asociación alega que la mejor respuesta al alegato del consejero es comprobar los efectos de esta medida en los precios del agua, y avanza que responderá en otro momento a las arteras tergiversaciones y mentiras de Cabrera para tratar de poner una cortina de humo sobre el caso del pozo de El Roque.
