El Defensor del Pueblo de España, la Síndica de Greuges de Catalunya, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Valedora do Pobo de Galicia, el Ararteko del País Vasco, el Justicia de Aragón, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el Procurador del Común de Castilla y León y el Defensor del Pueblo de Navarra respaldaron de manera unánime la iniciativa propuesta por el Diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, sobre la acogida solidaria entre todas las comunidades autónomas de niñas y niños migrantes no acompañados que llegan a la Comunidad Autónoma de Canarias.
Durante la XXXVI Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo celebradas en Barcelona, se presentó y aprobó el Informe elaborado por el Diputado del Común, que detalla la situación de las Islas y da recomendaciones para abordar la problemática de los menores no acompañados que llegan a Canarias.
El documento aborda la crisis en el sistema canario de tutela de los menores extranjeros no acompañados debido a la falta de recursos materiales y humanos, que impide una atención integral que garantice su acceso a educación, asistencia sanitaria y servicios sociales en condiciones equiparables a los menores nacionales. El respeto al principio del interés superior del menor, respaldado por tratados internacionales y la legislación española, exige la atención de estos menores en territorio español, reconociendo sus derechos a través de la Ley Orgánica 1/1996. Las comunidades autónomas, responsables de la protección de menores en sus territorios, deben adoptar medidas necesarias cuando se detecta a un menor en situación de desamparo.
Desde el informe sobre la migración en Canarias en 2021, el Defensor del Pueblo de España ha emitido recomendaciones basadas en corresponsabilidad y solidaridad, buscando la acogida de estos menores en todo el país. Se destaca el avance representado por la aprobación de la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2023-2030 como un marco de referencia.
En la actual situación, se destaca la necesidad urgente de acelerar la aplicación del Modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y adolescencia no acompañada, basado en cooperación y principios solidarios, permitiendo la derivación e integración adecuada en distintas Comunidades Autónomas. Asimismo, es esencial activar herramientas y protocolos que amplíen alternativas a la institucionalización, como el acogimiento residencial y la tutela ordinaria por parte de entidades especializadas, conforme al artículo 35.11 de la Ley de extranjería, para ofrecer soluciones duraderas en la protección de estos menores.
Los Defensores del Pueblo de España expresaron su compromiso con la implementación de las recomendaciones presentadas en el informe del Diputado del Común de Canarias. Este respaldo unánime reafirma el compromiso con los principios fundamentales de los derechos humanos y la protección de los menores que llegan a nuestro país.
