Las familias de la calle Antonio José Melo y Novo 2, esquina con Conde Pallasa, en Ofra, reclaman mediciones ambientales y una revisión de los accesos y la operativa de vehículos pesados en las inmediaciones del IES Padre Anchieta
Vecinos de la zona de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, han trasladado su preocupación por la situación que, según denuncian, están soportando desde hace tiempo las familias residentes en las inmediaciones de la calle Antonio José Melo y Novo 2, en la esquina con Conde Pallasa, especialmente por la presencia y maniobras de vehículos pesados en un entorno próximo a viviendas.
Las familias aseguran que la operativa desarrollada en las inmediaciones del IES Padre Anchieta de Ofra estaría provocando molestias relacionadas con humos de combustión, ruido y circulación de vehículos de gran tamaño en una zona residencial situada junto a las viviendas.
Los vecinos cuestionan además que exista un terreno situado delante del centro educativo que, según sostienen, lleva alrededor de 20 años sin utilizarse, mientras las maniobras y accesos se desarrollan en un espacio que afecta directamente al entorno residencial.
Uno de los principales motivos de preocupación es la proximidad de las viviendas a los puntos donde se producen las maniobras de los vehículos. Las familias aseguran que los gases procedentes de los motores llegan hasta las inmediaciones de sus hogares y expresan una especial preocupación por la presencia de bebés y menores en las viviendas afectadas.
Reclaman comprobar el impacto ambiental
Ante esta situación, los vecinos reclaman que se realicen mediciones oficiales de calidad del aire y niveles de ruido en las viviendas y en el entorno afectado, con el objetivo de determinar si las condiciones existentes cumplen con la normativa y si existe algún impacto sobre la salud de las personas residentes.
La preocupación vecinal se centra especialmente en la exposición continuada a emisiones procedentes de vehículos diésel. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud, clasificó las emisiones de los motores diésel como carcinógenas para los seres humanos. No obstante, determinar si las emisiones concretas existentes en esta zona están provocando daños en la salud de los vecinos requiere mediciones ambientales y valoración sanitaria específica.
Las familias también alertan de las posibles consecuencias de la contaminación atmosférica y acústica sobre personas especialmente vulnerables, entre ellas bebés, niños y personas mayores.
Señalan a varias administraciones
Los vecinos consideran que la situación requiere una actuación coordinada de las diferentes administraciones con competencias en educación, tráfico, espacio público, medio ambiente y salud.
En este sentido, reclaman explicaciones a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias sobre la planificación de los accesos y la operativa vinculada al entorno del IES Padre Anchieta, así como sobre las alternativas existentes para evitar que las molestias se concentren sobre las viviendas colindantes.
También solicitan al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que revise la ordenación del tráfico en la zona, supervise las condiciones de circulación y maniobra de los vehículos pesados y realice las inspecciones que correspondan en materia de ruido, emisiones y seguridad vial.
Los afectados consideran que no basta con trasladar el problema de una administración a otra y reclaman una respuesta conjunta que permita garantizar tanto el funcionamiento del centro educativo como la protección de las familias residentes.
Preocupación por la seguridad de los menores
Otro de los aspectos denunciados es el riesgo que, a juicio de los vecinos, puede generar la circulación y maniobra de vehículos de gran tamaño en calles próximas a las viviendas.
Las familias reclaman que se estudie la seguridad vial del entorno, especialmente teniendo en cuenta la presencia habitual de menores y peatones, y que se adopten medidas preventivas si los informes técnicos determinan que existen situaciones de riesgo.
Los vecinos piden la intervención de la Fiscalía
Ante la falta de una solución que, según los residentes, permita poner fin al problema, los afectados también plantean solicitar la intervención de la Fiscalía para que se determine si existe alguna responsabilidad administrativa o técnica y si las actuaciones realizadas hasta ahora han sido suficientes para garantizar la protección de las familias.
Los vecinos reclaman que cualquier actuación se base en informes técnicos, mediciones ambientales y datos objetivos, y que, si se detectan incumplimientos, se determinen las responsabilidades correspondientes.
Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la revisión inmediata de los accesos y de la operativa de vehículos pesados en las inmediaciones del IES Padre Anchieta, la realización de mediciones independientes de contaminación y ruido en las viviendas afectadas y un estudio de seguridad vial de la zona.
Las familias de Ofra sostienen que no pretenden impedir el funcionamiento del centro educativo, sino encontrar una solución que permita compatibilizar su actividad con el derecho de los vecinos a vivir en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y tranquilidad, prestando especial atención a la protección de bebés y menores.
La petición de los afectados es clara: que las administraciones dejen de trasladarse las responsabilidades entre sí y estudien sobre el terreno una solución definitiva para las viviendas de la calle Antonio José Melo y Novo 2 y su entorno con Conde Pallasa, en Ofra.
