Los colectivos de damnificados por la erupción volcánica de La Palma y las asociaciones vecinales de la zona de esta catástrofe ocurrida en 2021 han unido sus voces para solicitar al Gobierno estatal que reactive cuanto antes la bonificación del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la población afectada por este desastre natural.
Con el igual énfasis, urgen al Gobierno estatal a que transfiera a la Comunidad Autónoma los 100 millones de euros comprometidos para la reconstrucción socioeconómica de La Palma correspondientes a 2024, a lo que habrá que añadir a lo largo de este año la cantidad prevista para 2025.
Así lo solicitan con este comunicado conjunto la Asociación Tierra Bonita, la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Asociación Social Volcán Cumbre Vieja, la Plataforma Jaraco de afectados de Puerto Naos y La Bombilla, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna y la Asociación de Vecinos de Las Manchas.
El descuento el IRPF ya se aplicó en 2023 y 2024 y el Gobierno estatal se ha comprometido a extenderlo a toda la legislatura, aunque su entrada en vigor este año, como ya pasara el anterior, vuelve a retrasarse al no estar aprobado aún por las Cortes Generales el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Estas asociaciones piden al Gobierno estatal que, en lo que negocia la aprobación de los presupuestos de 2025, utilice la vía del real decreto ley (u otra ley) para aplicar este descuento fiscal, una solución que fue la empleada el pasado año, cuando esta medida se desbloqueó en junio con efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2024.
Comoquiera que, sea cual sea la fórmula, al final se necesita la aprobación o convalidación parlamentaria, estos colectivos palmeros hacen también un llamamiento a los grupos políticos del Congreso de los Diputados para que voten de manera favorable a restablecer estas ayudas.
Y argumentan que esta bonificación (independientemente de la controversia social y política que hubiera sobre a qué ámbito geográfico o población se aplique) está más que justificada para la población afectada por el volcán debido a la importancia que tienen las diferentes ayudas y compensaciones económicas oficiales para que las personas damnificadas por la peor catástrofe volcánica de Europa en el los últimos cien años puedan afrontar el día a día y emprender la compleja tarea de recuperarse de este destructivo fenómeno geológico.
En este sentido, recuerdan que, a diferencia de otras catástrofes naturales, la de este volcán ha supuesto no solo la destrucción de más de 3.000 edificaciones ( incluidas más de 1.400 viviendas y 360 hectáreas de cultivos en producción) y de todas las infraestructuras públicas y privadas, sino la desaparición física del territorio original en que se asentaban.
Y dejan patente que aún está muy lejos poder hablar de un retorno a la normalidad para la población golpeada por esta catástrofe.