Los empleados públicos, pero también la sociedad, lo handicho claro en sendas concentraciones: ¡nuestra salud no es una mercancía!
En los últimos años y especialmente en los últimos meses, la situación de la Mutualidad General de FuncionariosCiviles del Estado (MUFACE) tiene preocupados a un millón y medio de funcionarios y sus familias en Canarias y en toda España. La reciente exigencia de VOX Canarias de garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria para los más de 43.000 funcionarios en el Archipiélago que han optado por el paraguas de la asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas frente a los algo más de 19.000 que han optado por la cobertura del INSS, a partir del 31 de enero, nos recuerda el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran muchos de nuestros servidores públicos y familiares dependientes, víctimas de la ineficacia y desidia de un Gobierno que hace ya demasiado tiempo que desatiende sus responsabilidades.
Y frente a nuestro juicio, la maquinaria del pensamiento único ha reaccionado criticando que queremos mantener un sistema aburguesado por “fachas”. Desde décadas atrás, uno de los derechos de los funcionarios ha sido poder elegir bajo el paraguas de MUFACE la asistencia médica que quieren recibir, pública o privada, con sus pros y sus contras (que los hay). Llevan toda una vida cotizando para disfrutar de derechos y jubilación digna. Y ahora, una izquierda dictatorial, tiránica y déspota pretende grabarnos en la piel que esto es un privilegio. Es cierto queautónomos y asalariados del sector privado aún no alcanzan estas posibilidades, pero hagamos de Canarias un archipiélago enriquecido sin igualarnos a la baja (el 34% de la población de Canarias está en situación de riesgo de pobreza, el 65% tiene dificultades para llegar a fin de mes; aterrador)
Desde que Pedro Sánchez asumió el poder, la tónica ha sido la misma: esquilmar, arruinar y, también desmantelar sistemáticamente lo que ha funcionado, a menudo con notable éxito, como lo demuestra MUFACE a lo largo de décadas.
MUFACE ha sido una tabla de salvación, aliviando la presión sobre un sistema sanitario público que, por desgracia, se encuentra ahogado y en crisis. La propuesta de su desmantelamiento es un acto de irresponsabilidad que va más allá de la mera gestión política: es un ataque directo a los derechos de una parte de los funcionarios que sustentan nuestra administración pública. Máxime cuando en pleno parlamentario se me ha reconocido que, de no solucionarse este conflicto, el Servicio Canario de Salud no tiene capacidad para asumir a miles de personas pendientes de citas médicas, operaciones y pruebas médicas de un día para otro. Es decir, se reconoce quepodría peligrar una cobertura básica para españoles que pagan religiosamente sus impuestos.
Como diputada de VOX en el Parlamento de Canarias puse de relieve en una reciente sesión plenaria esta problemática alarmante: la falta de garantías por parte del Sistema Canario de Salud (SCS) y de MUFACE para asegurar atención a partir de la fecha límite mencionada. Esta incertidumbre se traduce en una realidad angustiante: ya se han presentado denuncias por negaciones de atención, aplazamiento de citas y retrasos en intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas. Esta es ya, no hay que esperar al 31 de enero, una crisis sanitaria que no se puede ignorar.
La excusa oficial del Gobierno para destruir la MUFACE que nació en 1975 se enmarca en la intención de unificar la asistencia en la saturada sanidad pública. Sin embargo, todos sabemos que el pueblo español no se deja engañar. Esta maniobra es, en la realidad, un intento de apoderarse de recursos que solo incrementarán la carga sobre un sistema que hace tiempo exhibe signos de colapso, elevando los costos de atención que jamás serán cubiertos adecuadamente. Ah, y que incluyen, no olvidemos, la cobertura sanitaria de miles de inmigrantes ilegales a cuya llegada no se pone freno y que cada mes cuesta al erario público canario en torno a un millón y medio de euros (pero esto da para otro artículo).
Las decisiones del Gobierno actual no solo afectan a los mutualistas y sus familiares que dependen de MUFACE, sino que pueden resultar en el cierre inminente de 21 hospitales privados en 14 regiones, con los consiguientes despidos. Sin olvidar cómo se multiplicarán las listas de espera para el acceso a especialistas u operaciones quirúrgicas comprometiendo aún más la salud del conjunto de la población.
La insensibilidad del Gobierno hacia la salud y el bienestar de sus funcionarios es alarmante. La situación de jueces, militares y servidores públicos de la administración general está en juego, poniendo en riesgo la salud y la vida no solo de ellos, sino también de sus familias y de ciudadanos vulnerables que ya dependen de un sistema público saturado.
Es imperativo que el Gobierno tome en serio estas advertencias. Desde VOX Canarias, exigimos la defensa del sistema de previsión social de MUFACE, pero también de ISFAS y MUGEJU, que cubren a las fuerzas armadas y la magistratura, respectivamente. La mutualidad administrativa ha demostrado ser eficiente y solvente, y ha venido garantizando la protección social de aquellos que sirven a nuestra nación. Un análisis del impacto del desmantelamiento de MUFACE y el aseguramiento de un sistema de mutualidades administrativas viable son pasos esenciales para evitar una crisis que no merecemos sufrir. Como la incompetencia que tampoco merecen padecer los palmeros afectados por la erupción de hace ya tres años y como la (por no abundar en los afectados por la DANA en Valencia).
No podemos permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga traicionando a los españoles. En esta ocasión atacando a nuestros funcionarios, poniendo en riesgo su salud y la de millones de españoles. Es tiempo de exigir acciones concretas y decisiones responsables. La salud de nuestra población no es un juego: es una prioridad que merece ser defendida con urgencia y seriedad. La lucha para mantener hoy MUFACE y mañana el resto de mutualidades para preservar un sistema sanitario sólido y cohesionado no ha hecho más que comenzar. El pueblo ha reaccionado y se ha concentrado porque está demostrado que el Gobierno no trabaja por el interés general ni siquiera cuando se le “pide ayuda”. Sin embargo, VOX está de parte de los miles de afectados haciendo seguimiento y fiscalización del asunto, temerosos del desastre. De momento, hay esperanza: el órgano de contratación es favorable a que aumenten las primas por tramos de edad como han solicitado las aseguradoras que han atendido el período de consulta preliminar tras la convocatoria desierta.
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