La vicepresidenta de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) y portavoz parlamentaria en la materia, Carmen Hernández, rechazó con rotundidad y exigió al Ministerio de Justicia que rectifique la “grave” decisión de suprimir los juzgados de Telde, Arucas y Guía de Violencia sobre la Mujer. La dirigente canarista anunció una batería de iniciativas en el Parlamento para mantener estos órganos especializados, necesidad que viene avalada por las últimas memorias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante el preocupante aumento en Canarias de la violencia machista. La diputada Natalia Santana recriminó al Gobierno de CC y el PP que “siga mirando para otro lado en lugar de corregir los recortes” decididos en los presupuestos de 2024 de un 50 por ciento con respecto al pasado año.
La decisión de eliminar estos tres juzgados para centralizar los servicios en Las Palmas de Gran Canaria, para NC-BC, es “gravísimo, por lo que rechazamos con rotundidad” la decisión del ministerio de Félix Bolaños.
En opinión de Carmen Hernández, “uno de los avances más relevantes” en la lucha con la “lacra” de la violencia de género es el trabajo desarrollado por los juzgados especializados, sean mujeres o menores los afectados.
Es “muy importante y necesaria” la especialización, reiteró, de todos los operadores del ámbito judicial como del resto de las administraciones públicas implicadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de sus competencias. Cualquier “paso atrás es inadmisible”, por lo que la supresión de estos tres juzgados exige una “rectificación”, reclamó la dirigente canarista.
Afirmó que las memorias del CGPJ de 2023 y del TSJC, “lejos de justificar una reducción” de órganos judiciales, “lo que nos indican es que debemos redoblar los esfuerzos” en Canarias. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ en 2023 revela, según la portavoz parlamentaria de NC-BC, que el número de denuncias registradas en las islas en materia de violencia sobre la mujer fue de 11.440, lo que supone un aumento del 17,2 por ciento con respecto a 2022. Hace dos años, prosiguió, fueron 9.721 denuncias, 755 más que en 2021.
“Se advierte una preocupante tendencia al alza con respecto a la anualidad 2021-2022 en que el incremento fue del 8,4 por ciento”, según se recoge de forma literal en el informe del CGPJ.
Canarias tiene una de las tasas más elevadas del Estado de mujeres víctimas de violencia, añadió la portavoz canarista en base también al TSJC. Una instancia judicial, advirtió, que revela además la “sobrecarga” que sufren los juzgados. Según el módulo de entrada que debe asumir cada órgano judicial, el criterio “objetivo” usado por el ministerio para tomar decisiones organizativas, en el Archipiélago 118 órganos judiciales de un total de 211 superaron en un 130 por ciento el módulo de entrada. “Todo lo que supera el 100 por 100 es sobrecarga y la mayoría rebasan de forma importante la carga asumible”, denunció.
Para NC-BC, desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, “no se justifica” la eliminación de los tres juzgados antes mencionados para ser centralizados en Las Palmas de Gran Canaria, donde tendrán que atender a una población total de más de 600.000 residentes. “Más sobrecarga, lo que no ayudará afrontar con garantías este drama, ni a las víctimas ni a sus entornos personales y familiares”, cuestionó la vicepresidenta.
Se opuso a esta visión “centralizadora, absolutamente ajena a la realidad y la singularidad de Canarias, donde el factor poblacional nunca debe ser el determinante de la reorganización o de cualquier tipo de reestructuración del sistema judicial”. El Archipiélago, como territorio fraccionado, la orografía y el perfil socioeconómico de la población (33,8 por ciento en riesgo de pobreza y exclusión) justifican “sobradamente que se mantengan estos juzgados y que se refuercen con el personal adecuado”.
Natalia Santana se dirigió al Ejecutivo canario de CC y el PP para reclamar que “dejen de mirar para otro lado ante este problema estructural”. Es una “obligación que repongan los recortes” decididos en los presupuestos de 2024 de un 50 por ciento, según la diputada canarista.
