Drago Tenerife presentó recientemente alegaciones al procedimiento de declaración de emergencia hídrica en la isla, trabajadas por el Bloque Insular de Políticas Públicas. Tal y como explica la portavoz de Drago Tenerife, Carmen Peña, “una de las cuestiones más graves que hemos detectado es la falta de voluntad a la hora de priorizar el consumo de la población residente frente al uso turístico”.
Sobre esta cuestión, el Cabildo Insular asegura que en suelo urbano se contemplará tan solo el abastecimiento de la población residente, una cuestión que suscita muchas dudas, ya que no existen mecanismos para hacer una diferenciación real entre uso urbano y uso turístico; por lo que la propuesta del Cabildo, que también carece de explicación sobre su aplicabilidad, se prevé imposible de llevar a la práctica.
A este respecto, la portavoz de Drago Tenerife indica que “actualmente, en Canarias ya existen más plazas en vivienda vacacional que en hoteles, lo que significa que el uso turístico del agua no se produce solamente en las zonas turísticas, sino que se ha extendido a nuestros barrios y ciudades”, lo que evidencia que este apartado de la declaración de emergencia hídrica “no se sostienen en la práctica”.
Sobre esta cuestión, Drago Tenerife propone establecer medidas concretas que sí garanticen la priorización del abastecimiento por parte de la población, por encima del uso turístico. Asimismo, con respecto a los usos agrícolas se plantea establecer una diferenciación entre los usos agrícolas de subsistencia y aquellos de grandes consumos.
Otra de las alegaciones presentadas por Drago Tenerife tiene que ver con la excesiva carga de responsabilidades que asumen los ayuntamientos, en torno cuestiones que efectivamente son responsabilidad de dichos consistorios municipales, pero que, para poder hacer efectivas, y sobre todo con la celeridad que requiere la emergencia hídrica, necesitan de una financiación y recursos extra que el Cabildo no tiene previsto otorgar.
Alguna de las medidas que el Cabildo exige a los ayuntamientos a través la declaración de emergencia hídrica son revisar sus tasas de abastecimiento, adoptar programas para alcanzar aguas no facturadas inferiores al 20 %, adoptar medidas destinadas a adecuar el consumo hídrico a sus caudales o incrementar el porcentaje de recogida de aguas residuales y facilitar la producción de aguas regeneradas.
En este sentido, Peña defiende que “sobre el papel, estas medidas pueden ser más o menos pertinentes”, sin embargo, subraya que “la emergencia hídrica es una realidad inminente que requiere de financiación, y confiar en que los ayuntamientos puedan responsabilizarse de estas gestiones sin aumentar sus recursos económicos supone una clara dejación de funciones por parte del Cabildo de Tenerife”.
Por su parte, la responsable del Bloque Insular de Políticas Públicas de Drago Tenerife, Samara Ascanio, sostiene que “llegados a este punto, los ayuntamientos tendrían que asumir el aumento de carga burocrática, los costes asociados en materia de personal o las cuantías relativas a las requisas de capacidad ociosa, entre otras cuestiones” y subraya que “por ello, desde Drago Tenerife se propone que el Cabildo garantice asignaciones de personal técnico y dotaciones económicas complementarias asociadas al cumplimiento de dichas tareas”.
“Otra de las alegaciones presentadas por el partido tiene que ver con la necesidad de acompañar las actuaciones propuestas con su pertinente declaración de impacto ambiental”, señala Ascanio, y remarca que “si la apuesta del Cabildo para encontrar nuevas fuentes de agua se basa en la instalación de desaladoras, desde Drago Tenerife estaremos vigilantes para que vayan acompañadas de una evaluación de impacto ambiental favorable y de un análisis de consumo energético en condiciones”.
