Hace un año por estas fechas el PSOE ganaba las elecciones autonómicas en Canarias con más de cien mil votos de diferencia sobre Coalición Canarias y Partido Popular. Un triunfo inapelable en las urnas que, sin embargo, no tuvo reflejo en la formación final de gobierno. La legítima mayoría parlamentaria tenía otros planes: Fernando Clavijo presidente con Manuel Domínguez de traslúcido vicepresidente.
Doce meses y algunas cosas han pasado desde entonces. Aunque, de las meritorias, ninguna realmente atribuible a la gestión del nuevo Gobierno de Canarias. La tarjeta de presentación de sus socios principales fue el incumplimiento con la palabra dada durante la campaña electoral. Recordémoslo una vez más: ni CC ni PP decían la verdad cuando prometían una bajada generalizada del IGIC.
Hoy, con ambos cómodamente instalados en el Ejecutivo, tampoco parece que tengan muy claro cuál debe ser el rumbo de esta comunidad autónoma. Al menos en materias sensibles como vivienda, turismo, lucha contra el cambio climático o respuesta social. Han visto en la excusa una respuesta posible y a ella han recurrido una y otra vez en esta primera etapa de la legislatura. Lo que no es culpa de la herencia recibida, dicen, lo es del Gobierno de España, y así, entre sollozos y sin sonrojarse, van intentando escapar, pasando los días, las semanas, los meses, un año ya.
Canarias cuenta en estos momentos con un gobierno que no gobierna, y que cuando lo intenta lo hace pensando únicamente en el interés de unos pocos. Como con la bonificación del impuesto de sucesiones, el decreto ley de vivienda o el descuento para el combustible. En cambio, ninguna medida aún para la mayoría social, ya sea para aliviar el coste de la cesta de la compra a las familias o para mejorar las expectativas laborales y de estabilidad de nuestros jóvenes.
Donde sí han estado veloces es con los recortes, restando a las primeras de cambio fondos y recursos a cultura, becas, ciencia e innovación, sector primario o dependencia. Este último caso es especialmente sangrante, ya que, con el Pacto de las Flores, hace un año, Canarias había alcanzado cifras récord en prestaciones concedidas. Incluso fue reconocida como la CCAA con mayor índice de progreso en políticas sociales, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Hoy el sistema de dependencia vive sus peores días, situándose al borde del colapso.
Caso aparte es la reciente derogación del catálogo de vestigios franquistas. Llama la atención que sea un partido que se denomina nacionalista el que impulse una decisión de estas características. Lo realmente grave es que nos interpela a todos como canarios y canarias, alejándonos del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática para acercarnos a las posiciones más reaccionarias y negacionistas. Desconcertante.
Ya no digamos cuando se trata de afrontar debates de cierta complejidad, como la aplicación de una ecotasa, la regulación del alquiler vacacional o el reto demográfico. Entonces, finta y pelota a los cabildos o a los ayuntamientos. Que cada uno se las ventile como buenamente pueda. Está también el ya amplio repertorio de ocurrencias con las que el presidente Fernando Clavijo, en particular, ha ido dando respuesta a otros asuntos de calado, como la necesaria subida de salarios en Canarias.
Ha venido a plantear el presidente de Canarias que sea el Gobierno central, a través de los Presupuestos Generales y los recursos de todos, quien se haga cargo de esta demanda aplicando una rebaja fiscal a los empresarios que paguen por encima del convenio colectivo. Y a otra cosa… Es decepcionante.
Todo ello con la estructura de gobierno más cara y más gruesa en cargos públicos de la historia. Qué diferencia con el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Solo tres ejemplos recientes de la sensibilidad de éste con nuestras singularidades: exención del pago de la tasa de emisiones, ampliación de las deducciones fiscales a las producciones audiovisuales y luz verde al concurso exprés antiapagones.
En días pasados, además, hemos sabido del firme compromiso del Gobierno central de cumplir con la extensión de la bonificación del 60% del IRPF a la isla de La Palma y elevar hasta los 7.337 millones de euros la cantidad que recibirá nuestro Archipiélago en concepto de entregas a cuenta. Y junto a todo ello, la transferencia de 66 millones de euros para combatir la pobreza y la sequía.
La denominada agenda canaria se está cumpliendo a rajatabla, lo reconoce hasta la otra parte firmante, Coalición Canaria. Este Archipiélago nunca antes tuvo un mejor aliado en Moncloa.
En un contexto más general, las noticias también son esperanzadoras. La economía española sigue liderando el crecimiento económico de la zona euro. Unas previsiones que avalan la política económica del Gobierno de progreso: crecimiento, creación de empleo y rigor fiscal, mejorando el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas.
España va en la buena dirección. Canarias no tanto.
