El Diputado del Común, Rafael Yanes, compareció ante la Comisión Parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, para presentar el Informe Anual 2023. Le acompañaron las adjuntas de la Diputación del Común, Milagros Fuentes y Beatriz Barrera, y el coordinador de asesores de la Diputación del Común, Óliver Fariña.
Yanes quiso destacar el aumento de la confianza de la ciudadanía en la Diputación del Común, con un crecimiento del 142% en el número de personas que acuden a la Institución en busca de protección ante la Administración Pública en los últimos 12 años.
En cuanto a los datos de 2023, se registraron 23.578 documentos de entrada y más de 5.000 consultas telefónicas al número de atención gratuita 900928922. Yanes se mostró satisfecho por el logro de un 64,46% de expedientes favorables a la ciudadanía. Sin embargo, le preocupan los dilatados tiempos de respuesta de algunas administraciones públicas a las peticiones de informe.
En este sentido, Yanes destacó negativamente que, durante 2023, se firmaron 135 Recordatorios del Deber Legal por no responder a las peticiones de informe de la Institución. Esto supone un aumento de un 180% respecto al año anterior, en el que se firmaron 75. Además, se realizaron 222 Advertencias de declaración de obstruccionismo no respondidas, mientras que el año anterior fueron 149. Esto es un crecimiento del 148%.
Yanes, por este motivo, hizo un llamamiento a la Administración Pública y recordó que “debe ser ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 29 de la Ley del Diputado del Común es muy claro: son 15 días para responder a nuestras peticiones de informe y se incumple reiteradamente”, añadió.
Asimismo, Yanes apuntó que el Informe Anual de la Diputación del Común recoge reclamaciones de la ciudadanía respecto a diferentes ámbitos, y quiso hacer hincapié en su intención de hablar de ellas “con el ánimo constructivo de que se abra un debate para afrontar esas deficiencias y se puedan tomar decisiones para mejorarlo.
El área que más crece en quejas es Servicios Sociales, con un incremento del 80%. Ocurren demoras de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración en resolver la situación de la Renta Canaria de Ciudadanía, además de demoras en la tramitación de las solicitudes de Pensiones no Contributivas.
Por otro lado, se producen importantes incumplimientos en materia de Discapacidad, con un incremento de quejas del 319% en el número de reclamaciones en los últimos cinco años, siendo 74 en 2018 y 310 en 2023. Los asuntos más planteados son: la demora en el reconocimiento y revisión de grado, las deficiencias en centros de atención para personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
En cuanto a Dependencia, Yanes quiso subrayar que, aunque por segundo año consecutivo disminuye el número de quejas con respecto al ejercicio anterior, continúa siendo el área que más reclamaciones recibe. Existen incumplimientos graves de los plazos establecidos para gestionar los expedientes de Dependencia. El plazo máximo está establecido en seis meses, sin embargo, Canarias tiene un plazo medio para la resolución de expedientes de 23 meses.
Algunas de las áreas destacadas en el Informe Anual 2023 en cuanto a quejas de la ciudadanía son Vivienda, con 121 quejas relacionadas con la necesidad de una vivienda digna, desahucios y ayudas al alquiler, en la rehabilitación y adquisición de la vivienda; Salud y Sanidad Pública, por motivo del incremento de las listas de espera; Igualdad entre hombres y mujeres y Violencia de Género, en materia de violencia de género y en casos de discriminación por razón de género; Migraciones, con especial importancia de la necesidad de determinación de edad para establecer la responsabilidad de cada Administración.
