Drago Canarias, a través de su portavoz en Gran Canaria, Luis de la Barrera, ha exigido al Cabildo Insular una “ampliación de las plantillas destinadas a la vigilancia de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria”, una petición que hace extensiva “al resto de islas, ya que en los últimos meses se están produciendo continuos ataques a nuestro patrimonio natural a lo largo y ancho de todo el Archipiélago”.
Esta petición se produce tras el atentado ecológico que tuvo lugar el pasado sábado, 24 de febrero, en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, cuando decenas de personas decidieron excavar este paraje como parte de un reto planteado por un influencer en sus redes sociales. Sobre esta cuestión, el portavoz insular de Drago Canarias sostiene que “es responsabilidad del Cabildo Insular por no cubrir adecuadamente la cuota de vigilantes que requiere nuestra isla”.
De la Barrera ha explicado que “Gran Canaria actualmente cuenta con 29 vigilantes medioambientales, de los cuales tan solo ocho están destinados a la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas” y añadió que “resulta inaudito que un Gobierno Insular que presume del ‘valor incalculable’ de nuestro territorio disponga de tan escasos medios para proteger una isla declarada Reserva de la Biosfera, que cuenta con más de un 40 % de su territorio protegido y que dispone 35.000 hectáreas marinas de un elevado valor natural”.
“Ante la actual situación de constantes agravios a los espacios naturales de la isla —prosiguió De la Barrera—, es evidente la necesidad de aumentar la plantilla de agentes medioambientales de forma permanente” y matizó que “cualquier otra acción política meramente discursiva o que pase por un aumento temporal de la plantilla se considerará claramente insuficiente y será reflejo de la falta de conciencia y compromiso del Gobierno Insular con respecto al valor de nuestros espacios naturales”.
Asimismo, el portavoz insular de Drago Canarias destacó que “estas agresiones medioambientales o patrimoniales se dan en diferentes grados con mucha mayor frecuencia, trascendiendo mediáticamente tan solo las más graves” e hizo hincapié en “la falta de información y autoridad que denotan las constantes infracciones publicadas sin ningún tipo de miramiento en redes sociales, ya que las sanciones rara vez se hacen efectivas y en cualquier caso son claramente insuficientes, con multas en torno a los 600 euros”.
Por todo ello, De la Barrera considera que “no solo debe reducirse la presión turística en el Archipiélago, sino que además debe reorientarse el mensaje de promoción” y entiende que “debemos dejar de mostrar nuestros paisajes como lugares de libre circulación y actuación, y comenzar a mostrarlos como lo que realmente son, espacios naturales únicos y frágiles, repletos de endemismos y especies amenazadas, que requieren de un especial cuidado”.
“Las políticas de aumento indiscriminado de la presión turística, los permisos para construir nuevos hoteles, los rodajes que no cumplen con los criterios medioambientales o la promoción descontrolada de los espacios naturales, junto con la escasa contratación de personal para la vigilancia y protección medioambiental crean el caldo de cultivo perfecto para que estos hechos sucedan”, sentencia el portavoz insular.
Para concluir, De la Barrera expresó su voluntad de “apostar por limitar el número de personas que pueden acceder a la reserva diariamente, dando prioridad de acceso a las residentes” y planteó también la necesidad de “crear un nuevo plan de vigilancia y conservación de nuestros espacios naturales en el que se calcule la cantidad de agentes medioambientales necesarios, así como una agilización de los procedimientos sancionadores y el establecimiento de una tasa turística para las personas no residentes que sirva para financiar los gastos de protección de estos espacios”.
