Agentes de la Unidad de Mediación de Convivencia (UMEC) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado en Pedro Hidalgo al responsable de una guardería que albergaba más de 250 animales de distintas especies pese a ejercer la actividad sin licencia municipal y en una instalación que no reunía las condiciones de seguridad e higiene exigidas.
La actuación policial se inició tras recibir la Policía Local varias denuncias por los fuertes olores y ruidos por ladridos que afectaban a los vecinos de Pedro Hidalgo y que provenían de una misma construcción.
Agentes de protección ambiental de la UMEC realizaron entonces una inspección policial a la citada instalación, detectando que la misma estaba siendo utilizada como guardería de animales y que en el interior albergaba un total de 48 perros, más de 150 palomas, 30 gallinas, y otros animales como pavos, pájaros y hurones.
El olor que detectaban los vecinos provenía de las aguas con deposiciones de los animales que estaban siendo vertidas hacia la ladera directamente desde las casetas donde guardaban los animales, hecho que fue corregido de inmediato por el titular de la instalación a requerimiento de los agentes.
La Policía Local inspeccionó cada una de las casetas donde guardaban animales, presentando la mayoría unas condiciones higiénico-sanitarias deficientes donde los perros, en su mayoría podencos, permanecían atados con correas cortas que les impedían desplazarse y habitaban en muchos casos junto a sus propias micciones y deposiciones.
Si bien los funcionarios policiales se aseguraron de que todos los animales presentaban buen estado de salud, fue necesario identificar a sus propietarios al objeto de formular un total de 40 denuncias por mantener a los perros atados todo el día con correas muy cortas, así como por el deficiente estado higiénico-sanitario en el que habitaban.
Durante la actuación policial se detectó además un vehículo que había sido abandonado en suelo de protección paisajística por un usuario de la guardería, el cual ha sido denunciado y el vehículo se ha retirado para su tramitación por abandono y destrucción.
Las sanciones por cada una de las denuncias que serán instruidas por Salud Pública van desde 150 a 1.500 euros.
