La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC), ha identificado y denunciado al autor de un macrovertido de escombros y residuos de construcción que fueron repartidos en cinco ubicaciones diferentes, todas ellas sobre suelo protegido de la capital grancanaria.
Se trata del mayor vertido de residuos sólidos detectado por la Policía Local desde que se reforzara la vigilancia en materia medioambiental con la creación de la UMEC en el año 2022, tratándose de un total aproximado de 25 toneladas de escombros y residuos procedentes de la construcción.
De acuerdo con la investigación policial, el autor del vertido fue repartiendo los residuos hasta en cinco ubicaciones diferentes, todas ellas sobre suelo rústico protegido y afectando incluso al Espacio Natural Protegido de Pino Santo, seleccionando el autor de los hechos lugares alejados de la vista de terceros en los barrios de Ladera Alta, San Lorenzo, Las Mesas, Los Giles y Tamaraceite.
Agentes especializados en medioambiente de la Policía Local lograron relacionar los escombros abandonados en distintas ubicaciones y determinar un origen único tras examinar los residuos y hallar similitudes y vestigios que les llevaron hasta un comercio de Tamaraceite situado cerca de los lugares donde se cometieron los vertidos.
Sin embargo, la investigación pareció truncarse al no poder los agentes relacionar los materiales y residuos abandonados con ninguno de los comercios que se encontraba abierto al público en la zona de Tamaraceite.
Fue finalmente a través de diligencias investigatorias en las redes sociales como los policías de la UMEC consiguieron determinar con total precisión el origen de todos los residuos, los cuales procedían del interior la tienda de una conocida marca internacional de ropa que había cerrado meses atrás sus puertas y ya había abandonado el barrio.
Esclarecido el origen, la Policía Local pudo llegar hasta la persona a quien se atribuye el abandono de los residuos en todas las ubicaciones sobre suelo rústico protegido en la capital grancanaria, dando inicio a un total de cinco procedimientos sancionadores que conllevarán multas que oscilarán entre 10.000 y 500.000 euros.
