Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y Frontera de Santa Cruz de Tenerife y de Playa de las Américas, en una investigación conjunta, han intervenido recientemente un total de 1.138 dispositivos liberadores de nicotina de un solo uso valorados en más de 17.000 euros, que no cumplían con la normativa vigente en cuanto a los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad relacionados con el etiquetado, fabricación (depósito del dispositivo) y distribución, careciendo del registro sanitario obligatorio.
La investigación se inició tras detectar los agentes especializados en la materia, la comercialización y venta ilegal de estos productos en diversos establecimientos ubicados en el sur de la isla de Tenerife, más concretamente en los municipios de Adeje y Arona. Esto puede suponer un riesgo para la salud de la población, ya que se trata de una alteración de los canales de venta establecidos por las autoridades sanitarias para un consumo seguro.
Se realizaron un total de cuatro inspecciones, en los cuales, los agentes pudieron comprobar y verificar que efectivamente incumplían la normativa establecida, motivo por el cual notificaron las correspondientes denuncias a la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, en relación al Real Decreto 579/2019, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.
La mayor parte de los vapeadores intervenidos, habrían sido obtenidos fuera de la Unión Europea y por importadores no autorizados. Al respecto, la normativa señala que los fabricantes e importadores que pretendan comercializar dispositivos susceptibles de liberación de nicotina o líquidos de recarga con nicotina en España, tendrán que registrar el producto en el Portal Europeo EU-CEG, además de comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública.
La investigación sigue abierta por si se pudieran detectar más establecimientos dedicados a la comercialización y venta ilegal de estos productos.
