El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, con de las ediles de Acción Social y Viviendas, Charín González y Belén Mesa, respectivamente, además de Javier Rivero, por el Suroeste, han conseguido “el compromiso del consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, para que la empresa autonómica modifique la comunicación sobre los posibles desahucios de las vecinas y los vecinos de Añaza, asegurando que no se seguirá adelante con los que sean por motivos económicos, salvo aquellos que sean por actividades presuntamente ilícitas dentro de las mismas o por serios problemas en la convivencia”, anunció el regidor.
Por su parte, los concejala de Acción Social puso en valor que “esta nueva de fórmula pretende ser modificar la manera de comunicarse con las personas que tienen deudas por una más asertiva, en lugar de expresarse conminando a los vecinos y las vecinas a abandonar sus viviendas” y añade que “de esta manera, se les va a poder consignar diferentes fraccionamientos de los pagos pendientes a las personas que presenten deudas con la empresa pública de Viviendas del Gobierno de Canarias”.
“También –avanza González-, confirmamos que la ONG que llevaba dos años con un proyecto de intervención con los vecinos y las vecinas de estas viviendas en Añaza volverá a continuar con estas gestiones que conocen y valoran perfectamente los residentes de las mismas” y recalca la concejala que “por lo que el proyecto de mediación que finalizó en junio volverá con este servicio, que en este caso contará con una oficina que se instalará en este mismo enclave de Añaza, para atender a cada una de las familias de manera individual, diseñar sus itinerarios para el pago de la deuda o su regularización”.
También se acordó que los vecinos y vecinas que estén pagando sus alquileres a través de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) de este Ayuntamiento, la concejalía de Acción Social facilitará el pago de sus alquileres, “por lo que desde el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), buscaremos con las vecinas y los vecinos la mejor fórmula para que, dependiendo de la capacidad de ahorro de cada familia, se garantice el pago de toda la anualidad a Visocan”.
“Por otra parte –señala Charín González-, Visocan nos comunica que es cierto que se va a iniciar el procedimiento judicial para el desahucio de 18 de esas viviendas, justificando la medida ante los problemas de convivencia que presentan con los demás vecinos, además de otros usos por presuntas actividades ilícitas en la vivienda” y la concejala añadió que “esta misma tarde, de la mano de la ONG que conocen perfectamente los vecinos y las vecinas de las viviendas de Añaza, se les comunicará a todas y a todos los acuerdos a los que hemos llegado hoy con Visocan”.
