La diputada por Santa Cruz de Tenerife del Grupo Popular en el Congreso, Ana Zurita, ha asegurado hoy que el Gobierno de España “ha rebatido” las recientes declaraciones del consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, Sebastián Franquis, sobre el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado.
“Atendiendo a las explicaciones del Gobierno central, es evidente que el consejero de Obras Públicas no se aclara con la situación del convenio”, aseguró Zurita, señalando que a través de una iniciativa reciente registrada en la Cámara Baja, dirigida al Gobierno de España, el Grupo Popular preguntó a cuánto ascendía el importe total de las obras incluidas en el anexo del citado convenio; si contemplaba establecer una planificación temporal y económica de las obras teniendo en cuenta prioridades, desarrollo temporal y económico; y si tenía previsto reformular la cláusula que obliga a Canarias a asumir el sobrecoste de las obras que excedan de 1.200 millones de euros.
Ana Zurita recalca que en su respuesta, el Gobierno central asegura que dado que en la mayor parte de las actuaciones comprendidas en el anexo no se han redactado los proyectos constructivos, es imposible determinar el coste de las obras, y que será el Ejecutivo autonómico el que deberá comunicar a la Comisión Bilateral Mixta de Programación, Seguimiento y Control al comienzo de cada año de vigencia del convenio los proyectos aprobados y el importe de los mismos, correspondiendo al Gobierno canario la planificación temporal y económica de las obras reflejadas en el anexo.
Por lo que se refiere al importe adeudado en cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, la respuesta del Gobierno de España indica que en 2021 se realizó un abono a cuenta por importe de 100 millones de euros, en 2022 se ha aprobado una dotación de 200 millones con la misma finalidad, que se encuentra en fase de tramitación, y que en la propuesta de presupuestos para 2023 se ha incluido una nueva dotación para dar cumplimiento a dichas sentencias.
Ana Zurita insiste en que, una vez más, el Gobierno de España “se lava las manos en un asunto de tanta importancia para las Islas y pone en entredicho las declaraciones de Sebastián Franquis afirmando que con los famosos 407 millones de euros se daría por liquidada la deuda del Gobierno central con Canarias, y que en la adenda se obligaba al Gobierno a pagar las cantidades que superen los 1.200 millones de euros”.
