La política en Canarias hace tiempo que dejó de ser un instrumento para mejorar la vida de la gente. La aprobación del Decreto ley 4/2025 por parte del Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo con el respaldo del Partido Popular, es la confirmación de que se ha cruzado una línea roja que compromete no solo la democracia municipal, sino el propio derecho a la ciudad y al territorio. Es el penúltimo paso en un proceso sistemático de privatización encubierta de lo público. Canarias tiene un límite, y lo acabamos de rebasar.
Este decreto permite que informes técnicos necesarios para obtener licencias de obra ya no tengan que elaborarlos los funcionarios municipales, sino que puedan encargarse a empresas privadas contratadas y pagadas por los propios promotores. Estos informes sustituirán a los públicos en los aspectos favorables y tendrán efectos jurídicos inmediatos. ¿Qué puede salir mal? Absolutamente todo.
Estamos ante un cambio radical que, de forma silenciosa, transforma nuestro modelo de control urbanístico en un mercado de favores técnicos. Es un urbanismo a la carta, donde el promotor no solo proyecta y financia, sino que también redacta el juicio técnico que legitima su propia actuación. Esto no es agilización, es corrupción estructural.
El Gobierno justifica esta barbaridad apelando a la emergencia habitacional. ¿Y cómo responde a esa emergencia? ¿Recuperando las más de 200.000 viviendas vacías en Canarias? ¿Expropiando los pisos en manos de fondos buitre? ¿Regulando el alquiler vacacional, que está expulsando a la gente de sus barrios? No. La respuesta del Gobierno es facilitar aún más la construcción sin control, favoreciendo intereses privados, bajo el disfraz de lo urgente.
La emergencia habitacional se ha convertido en la excusa perfecta para impulsar un modelo de ocupación del territorio basado en la especulación. Construir sin planificación, sin participación, sin garantías. La vivienda no se concibe como un derecho, sino como un negocio. Una mercancía más dentro del engranaje económico de Canarias, donde el cemento vale más que la dignidad.
Uno de los elementos más preocupantes del decreto es que el informe que realiza una empresa contratada por el promotor no necesita ser ratificado por la administración. En otras palabras: el informe encargado y pagado por el interesado sustituye al control público. Es como si en un juicio el acusado pudiera contratar al perito que emite el informe que luego determina su condena o absolución, sin que el juez pueda contrastarlo. Es una aberración jurídica, ética y democrática.
