La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha anunciado este lunes que el Juzgado de la Contencioso Administrativo número 4 ha dado la razón a su grupo político y reconoce que se vulneró su derecho a la participación política al impedir la presidenta de la corporación municipal, Carolina Darias (PSOE), la celebración de un pleno extraordinario a solicitud de los populares que pretendía que se debatieran nueve propuestas de acuerdo para incrementar el control de la sociedad 100% pública Geursa en relación al ‘Caso Valka’.
La solicitud de pleno se produjo el pasado mes de septiembre y fue desechada por Darias esgrimiendo un informe elaborado por la Secretaria General del Pleno que ahora queda desacreditado. Esta petición de pleno extraordinario, tramitado conforme a lo establecido en el Reglamento municipal, es una prerrogativa de aquellos grupos políticos que disponen de al menos una cuarta parte de los concejales electos y pretendía aclarar distintos extremos en relación a la actividad de control político sobre la citada sociedad.
Cabe recordar que el ‘Caso Valka’ investiga en cuatro piezas separadas presuntas irregularidades en el seno de la empresa municipal Geursa. Por el momento están investigados cinco empleados municipales (uno ya jubilado) y un empresario por la comisión de presuntos delitos de: falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, revelación de secretos y uso indebido de información privilegiada
“Nuestra voluntad con este pleno no era otra que usar las herramientas políticas de las que disponemos para contribuir a un mayor control de esta sociedad, que recordemos que hace apenas dos semanas se vio sacudida por un nuevo escándalo relacionado con las 74 viviendas de Tamaraceite”, explica la edil del PP, en referencia a la nueva derivada conocida hace apenas dos semanas tras una denuncia interna de una trabajadora de la empresa.
Por eso entre los acuerdos a los que instábamos en el citado pleno se encontraban proceder a una revisión de oficio de todos los expedientes administrativos bajo investigación judicial, realizar desde Contratación y Parques y Jardines una revisión exhaustiva de todas las contrataciones, pagos, certificaciones de trabajo e inventarios de bienes u obras realizadas con intervención de las empresas investigadas o la contratación de una auditoría externa para revisar los procedimientos internos tanto de Geursa como de la Sociedad de Promoción”, recueda Delgado-Taramona.
A la solicitud de pleno extraordinario respondió la alcaldesa el 6 de septiembre, dos días después, a través de un informe en el que argumentaba que ninguna de estas atribuciones o funciones era competencia plenaria y por tanto informaban desfavorablemente de dicha convocatoria. “Es más sucedió algo que no tiene precedentes y que se ha vuelto a repetir en varias ocasiones con posterioridad. El gabinete de prensa del Ayuntamiento emitió una nota de prensa en la que se hacía eco de una decisión que era estrictamente interna y que a priori no debía trascender”, recuerda Delgado.
“Es más, en el pleno de septiembre, en una comparecencia de nuestro grupo sobre el caso Valka, la propia Carolina Darias hizo mención a este pleno no celebrado y se jactó de que el PP había recibido “un varapalo” por su “desconocimiento brutal jurídico”, (SIC). El pasado viernes 14 de febrero el PP recibió la sentencia de la que -dijo la portavoz del PP- “estamos profundamente satisfechos” porque desmonta, por un lado, el informe que esgrimió la alcaldesa y, por otro, “nos legitima plenamente en las reclamaciones que realizamos para aportar un mayor control y transparencia sobre la empresa pública Geursa”.
La sentencia estima plenamente el recurso del PP y establece que se vulnera el artículo 23 de la Constitución, que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o mediante representantes. “Es decir, el grupo de gobierno, con Carolina Darias al frente, violó un derecho fundamental de nuestro grupo político prohibiendo la celebración del pleno extraordinario sobre Geursa, algo que debe hacer reflexionar profundamente a quien dirige esta ciudad”, afirmó la portavoz.
Además, la sentencia establece que es perfectamente legal que el pleno inste por ejemplo a apartar de sus funciones a la gerente, o a que se revisen de oficio los expedientes de despido de empleados de Geursa durante el último año, porque se solicita a un tercero hacer algo, y a que lo haga el propio pleno. Asimismo, avala que las peticiones incluidas en la solicitud de pleno se enmarcan se enmarcan dentro de la función de control político.
“Y que en ningún caso ese pleno extraordinario que pedimos se estaría convirtiendo en un juicio paralelo (como mantuvo el Ayuntamiento en su escrito de contestación a la demanda), en tanto que admitir eso sería poner límites al 126.3 de la Ley de bases de Régimen Local”. En cuanto al secreto de sumario que esgrimió la alcaldesa, el juzgado le recuerda que desde el 19 de agosto se levantó este secreto.
“La sentencia estima totalmente nuestro recurso, condena a la administración de costas procesales y obliga al Ayuntamiento a incluir en el orden del día más inmediato el debate de la propuesta de acuerdo informada desfavorablemente. Desde el comienzo hemos dicho que se ha producido un descontrol absoluto, fruto de 10 años de gobiernos socialistas en esta ciudad, sobre nuestras sociedades públicas. Por eso hoy tenemos bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción tanto a la Sociedad de Promoción como a GEURSA”, concluyó Delgado-Taramona.
