Para la asociación palmera, los pasos se están dando “a cuentagotas”, manteniéndose un “inexplicable” semáforo amarillo, y el Cabildo de La Palma, aunque ha permitido el retorno a unas 500 viviendas en Puerto Naos y La Bombilla, así como algunas “leves modificaciones” en el perímetro de exclusión para facilitar licencias de reconstrucción, se trata de “parches que muestran inoperancia y subjetividad”.
A juicio de Tierra Bonita, la gestión de esta emergencia en el post volcán «ha estado plagada de arbitrariedades y no se han producido decisiones que hayan variado desde el 2 de febrero de 2022 a la actualidad”. Fue en esa fecha cuando el entonces presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata activó con el decreto 2022/547 el Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL), a partir de una orden del en esa época consejero de Seguridad del Gobierno regional, Julio Pérez, un trámite que supuso el pase del semáforo rojo al amarillo.
El cambio que, como «reto», plantea esta asociación debería basarse en el Marco Sendai de Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030. Se trata de un documento aprobado en dicha ciudad japonesa por una conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 3 de junio de 2015 para fomentar «la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países». Ese acuerdo atribuye al Estado la función principal de reducir el riesgo.
Hay que tener en cuenta que la emergencia de La Palma, por la que se activó el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) el 13 de septiembre de 2021, es la mayor catástrofe natural sucedida en Canarias y la mayor de Europa en el último siglo en fenómenos volcánicos, pero además constituye la tercera catástrofe mundial de este tipo en más de dos mil años, según un estudio de Elinor Meredtih y otros, del Observatorio de la Tierra de Singapur (Impactos del flujo de lava en el entorno construido: conocimientos de un nuevo conjunto de datos global), desde el punto de vista de sus daños, con casi 3.000 edificaciones destruidas por flujos de lava.
A pesar del os tres decretos leyes aprobados por el Gobierno canario, y las ayudas convocadas, además de los decretos de exclusión del Cabildo, Tierra sostiene que la gestión adolece de «inoperancia e ineficacia» porque no ha resuelto aún a la inmensa mayoría de afectados el problema que les acarró la pérdida de casi todo su patrimonio (fincas agrarias, viviendas, enseres, objetos personales… ). «Desgraciadamente, esta gestión ha creado afectados de primera, segunda, tercera, cuarta… y, lo más lamentable, damnificados de cinco estrellas y de cero estrellas», enfatiza la asociación.
Por todo ello Tierra Bonita celebra este mes de abril su asamblea anual con el lema “No se han enterado”, en alusión clara a «la falta de autocrítica que muestran las Administraciones públicas, así como a la negación de los derechos, la dignidad y la justicia de las personas afectadas».
La asociación observa que «se siguen anteponiendo intereses en infraestructuras, algunas sin vínculo alguno con la catástrofe, o en ayudas que paralizan la economía de la isla, en lugar de priorizar que los damnificados tengan una solución definitiva al problema habitacional, y en vez de mantener la exclusión de acceso a zonas sin rigor científico en cuanto a emisiones de gases o temperaturas de coladas (de estas últimas no se conoce informe alguno)».
El actual presidente en funciones de esta asociación, Francisco Rodríguez Pulido, aspira a la reelección en esta asamblea. Uno de los ejes de trabajo hasta ahora de la directiva que encabeza es la búsqueda de que se haga justicia para los afectados y ese es, asegura, su compromiso también para el futuro.
De todos es conocido ya la querella presentada en 2022, desestimada por el Juzgado de Los Llanos de Aridane y por la Audiencia Provincial, decisión que, según ya ha anunciado Tierra Bonita, será recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, en cumplimiento del compromiso contraído por esta asociación de llegar «hasta el final». En esa línea, la asociación no descarta nuevas acciones legales con relación a la gestión del PEINPAL.
Rodríguez Pulido es un químico jubilado como profesor de Física y Química de la ESO, que conoce de primera mano lo que tacha de «ineficiente» aplicación del PEINPAL al haber sido miembro durante siete meses del grupo de expertos del comité asesor, órgano del que recientemente decidió retirarse tras constatar «el muro de contención que han creado los propios científicos oficiales» a determinadas medidas que podrían haber agilizado la reconstrucción y la recuperación del proyecto de vida de la población afectada.
Afirma además haber detectado «supuestas irregularidades y presuntas ilegalidades en la toma de decisiones, hechos en los que aprecia que podrían existir indicios de posible prevaricación».
