La Plataforma por un Precio Justo del Plátano reivindica que sé de a los agricultores damnificados por la erupción de 2021 en La Palma dos alternativas para recuperar las fincas sepultadas por la lava, de modo que quien lo desee elija que la Administración pública reconstruya sus terrenos tal como establece el decreto ley de la concentración parcelaria que está en elaboración, y quien lo desee se encargue directamente de esta labor. Eso sí, en esta segunda posibilidad, la Administración debería también aportar las ayudas económicas a los propietarios agrícolas que no cuenten con recursos suficientes.
Así lo manifiesta el portavoz de esta plataforma, Juan Carlos Rodríguez, tras anunciar a bombo y platillo el alcalde de Tazacorte que ha dado la primera licencia para la reconstrucción de una platanera sepultada por la lava, y que solo en esta municipio ya hay otras 60 solicitudes.
El representante del colectivo agrario asegura que «esta primera licencia, aunque está condicionada a que el Cabildo modifique los límites de la zona de exclusión, abre la puerta a que los agricultores rehagan directamente sus fincas, lo que rompe lo que era hasta ahora la única ruta oficial, es decir, dejar en manos del Gobierno canario la reconstrucción a través de la concentración parcelaria y la posterior asignación de los terrenos a los damnificados».
Por ello, la plataforma exige que todas las Administraciones públicas clarifiquen de una vez esta cuestión, pues «lo justo es que todos los agricultores deben tener el derecho a elegir qué opción mejor quiere», pues además «se sabe que si la iniciativa de absolutamente todas las fases del proceso depende de la Administración pública, pasarán muchos años antes de que los terrenos vuelvan a ser cultivables y va a haber personas que se aburran antes y vendan o abandonen la idea de volver a producir plátanos, sobre todo las de más edad».
Dicho esto, Juan Carlos Rodríguez insiste en que si el agricultor decide acometer las obras por su cuenta, es de justicia que el Gobierno canario las financie también a quien no cuente con recursos económicos para ello, y que igualmente remueva todos los obstáculos para facilitarlo, incluyendo la apertura de vías para permitir el acceso de la maquinaria. Y ello es así porque «de cualquier forma, con la idea inicial de que todo se hiciera con la concentración parcelaria, igualmente iba a financiarse con fondos públicos, con la diferencia de que si quien toma la iniciativa es el propio agricultor saldrá incluso más barato a la Administración y antes de recuperará la economía».
Hay que recordar que esta semana, en una comisión parlamentaria, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, ha explicado que solo dará «cierta flexibilidad» para permitir trabajar en las parcelas que quedaron al borde de las coladas, de las cuales hay en torno 70 expedientes de solicitudes de propietarios que quieren ya iniciar las obras.
Vanoostende desveló también que con esta intención se vienen celebrando reuniones entre su Consejería y el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle para que el PEINPAL (Plan Insular de Emergencias), que depende de la Administración insular, revise la delimitación de la zona de exclusión que se fijó tras la catástrofe volcánica.
Por su parte, el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, ha informado de que la primera finca para la que ha dado licencia de reconstrucción se encuentra sepultada por la lava en la zona de la playa de Los Guirres, sobre la fajana que ya en su día formó la erupción del volcán de San Juan. El regidor municipal califica esta licencia de «hecho histórico en esta crisis volcánica, porque se está reconociendo el derecho de los agricultores a recuperar sus fincas que han quedado bajo la lava; estamos dando esa esperanza de volver a recuperar sus vidas, abriendo un camino a la ilusión».
David Ruiz ha revelado también que son 60 licencias ya pedidas en Tazacorte, donde el 20% de las fincas afectadas por la erupción están al borde de las coladas. Eso sí, esta y otras futuras licencias están condicionadas a que se retranquee la zona de exclusión.
