Una empresa de imágenes aéreas internacional ha iniciado acciones con el fin de denunciar unos hechos ocurridos en Tazacorte, mientras estaba realizando el rodaje para una productora internacional de documentales en la isla de La Palma.
El equipo que se encontraba en un lugar del municipio de Tazacorte con el fin de iniciar las operaciones cuando se vio sorprendido por una patrulla de la Guardia Civil, justo momentos antes del despegue del dron, agentes que impidieron el vuelo indicando expresamente que lo había prohibido el Puesto de Mando de la Isla durante el incendio forestal en Tijarafe y Puntagorda. La patrulla incluso levantó un acta de los hechos sucedidos con el fin de denunciar la presunta operación ilegal de vuelo de dron.
Lo cierto es que ,como viene siendo habitual en este tipo de operaciones, el equipo encargado de realizar las imágenes aéreas contaba con todas las licencias requeridas para ello. Y, a su vez, antes del despegue se realizaron todas las comprobaciones oportunas, entre ellas, con especial cautela,verificar si existía alguna restricción en el espacio aéreo, lo que se denomina NOTAM, que debe ser obligatoriamente comunicada por las autoridades competentes encargadas de la extinción del incendio a ENAIRE como órgano gestor del espacio aéreo en España.
Pues bien, no sólo no existía dicha restricción, sino que, además, no es hasta que se denuncia el incumplimiento de los protocolos aéreos por el equipo encargado de las imágenes aéreas cuando la Administración procede a comunicar dicha situación de riesgo al organismo competente y se señala así esa restricción (NOTAM), «aviso a navegantes» en el espacio aéreo de La Palma.
Estos hechos llevan a los afectados a plantear la presunta actuación negligente de la Administración, que, ante una situación de emergencia, omite los protocolos aéreos reglamentarios, provocando un grave riesgo en el espacio aéreo de la Isla de La Palma.
Es por ello que la empresa afectada exige que en los cargos responsables al frente de las emergencias se encuentren personas con los conocimientos técnicos de las herramientas que se estipulan en la ley para evitar estos hechos y que además no se actúe de manera arbitraria en una emergencia, sin ni siquiera plantear soluciones alternativas a un error grave por parte del Puesto de Mando, que podría haberse resuelto con una mera coordinación aérea.
Una vez trasladados los hechos a ENAIRE y controladores de la zona, la empresa operadora del dron anuncia que emprenderá acciones legales contra las partes responsables, a fin de reclamar indemnización por el perjuicio económico y reputacional sufrido por no poder grabar parte del documental el día en que estaba programado, lo que afectó de forma directa a la producción del documental y la relación con el cliente, y, sobre todo, al espacio aéreo en general.
