La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones de Canarias ha organizado un stand de recogida de firmas en el Campus de Guajara (ULL) y en la Facultad de Ciencias Jurídicas (ULPGC) con el objetivo de lanzar la segunda etapa de la campaña ‘Somos 47 millones’. Su intención es ‘unir a pensionistas presentes y futuros en la exigencia de una reforma de la Constitución que prohíba la privatización de las pensiones y su pérdida de poder adquisitivo’.
Esta es la segunda campaña en universidades de la plataforma, que cuenta entre las 500 organizaciones que forman parte con varias entidades representantes de la juventud. ‘En el 2019 iniciamos una recogida de firmas en las 45 universidades públicas, pocos meses antes de la pandemia’, asegura uno de sus portavoces. ‘No es cierto que la gente joven no se preocupa por las pensiones, y este es el mejor ejemplo’, afirman.
En el comunicado que han leído en el acto afirman que ‘el año que viene, en el 2025, Bruselas revisará la reforma de pensiones, tal y como ha quedado establecido en el mecanismo de revisión cada tres años incluido en la última reforma de las pensiones’ y ‘todo apunta a que lo hará exigiendo nuevos recortes’. Entre las medidas que podría imponer Bruselas nombran alargar la edad de jubilación, aumentar los cantidad de años cotizados para calcular la pensión, modificaciones en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional… ‘en definitiva, medidas que pueden significar la degradación de las pensiones públicas y las condiciones de vida de los pensionistas’, concluyen.
Esta es la razón, para los portavoces en Canarias de la MERP para que ‘el año 2024 es crucial para crear las condiciones de debate y presencia en la sociedad en torno al blindaje constitucional de las pensiones’.
En el transcurso del acto representantes de varias organizaciones de la plataforma han insistido en que ‘una vez se ha producido la reforma del artículo 49 de la Constitución gracias al extraordinario trabajo llevado adelante por el CERMI durante más de 15 años, el blindaje constitucional de las pensiones debe ser la próxima reforma social de la Constitución’, en referencia a la reforma que se ha aprobado en el Congreso y que acaba de sancionar el Rey, que sustituye en la Constitución el término disminuidos por discapacitados.
La MERP también ha anunciado que el próximo 28 de febrero se reunirá con Mercè Perea, la presidenta del Pacto de Toledo, y que van a extender la recogida de firmas y las actividades en Canarias.
