Drago Canarias entiende que la modificación de la ley de extranjería para la redistribución de menores migrantes llevada a cabo por el Gobierno estatal es insuficiente, ya que no garantiza el derecho a tránsito dentro del Estado para las personas migrantes, y tan solo plantea traslados parciales cuando se supere en gran medida la capacidad de acogida del archipiélago.
Para Carmen Peña, Portavoz Nacional de Drago Canarias, “esta medida es tan solo un parche colonial ante la gravísima presión migratoria que sufre Canarias” y hace hincapié en que “nuestro archipiélago está siendo frontera sur de Europa y no tiene un sistema para atender a todas las personas migrantes de manera digna, y todavía tenemos que aguantar que este acuerdo le parezca una victoria a PSOE, Sumar, Coalición Canaria y compañía”.
“La realidad es que las personas migrantes que llegan a Canarias a través de la ruta atlántica desde hace décadas huyen de la violencia, las guerras y la represión”, explica Peña, y culpa tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno estatal de “no haber desarrollado unas políticas migratorias en el archipiélago desde el respeto a los derechos humanos, simulando una continua crisis como herramienta electoral”.
En este sentido, Drago Canarias alerta de que estas políticas del PSOE —secundadas por sus socios en el Gobierno y también por el Gobierno de Canarias— replican el modelo de Lesbos y básicamente convierten a Canarias en una cárcel a cielo abierto, con el objetivo de reducir la llegada de personas migrantes directamente al continente europeo.
Asimismo, el Gobierno estatal, con sus políticas migratorias y su lucha particular contra el Partido Popular, está favoreciendo el crecimiento de la ultraderecha en el archipiélago. Las instituciones canarias son incapaces de atender las necesidades de las personas migrantes, con un sistema de acogida en pésimas condiciones, generando el caldo de cultivo perfecto para que proliferen, cada vez más, los discursos de odio.
